El 26 J: o con la oligarquía o con la resistencia

Partido del Trabajo Democrático
Jueves, 16 Junio, 2016

El pasado 2 de mayo, tras sucesivos intentos de negociación entre los diferentes partidos políticos, el Presidente del Gobierno en funciones -Mariano Rajoy- decidía disolver las Cortes Generales y convocar de nuevo elecciones generales para el próximo 26 de junio. Hemos asistido a la legislatura más corta de la historia reciente de nuestro país (cuatro meses) durante los cuales las diferencias entre las distintas fuerzas políticas con representación en la Cámara han hecho imposible conseguir la mayoría suficiente para formar un nuevo gobierno.

Los medios de comunicación presentaron la convocatoria de nuevos comicios como una tragedia, culpando de la situación a los políticos “que no han sabido aparcar sus diferencias por el bien del país”, que “era mejor cualquier acuerdo a la repetición de elecciones”. Han repetido hasta la saciedad “el gasto abusivo que supondrán unas nuevas elecciones” así como la fatalidad que supone no tener un gobierno medianamente estable que “acometa las tareas a las que debe enfrentarse nuestro país”.

Sin embargo, las razones que existen acerca de la situación política actual son mucho más profundas que esta simplificación difundida interesadamente. Lo cierto es que en las pasadas elecciones del 20 de diciembre del 2015 había quebrado el sistema de partidos diseñado por la oligarquía financiera desde el final de la llamada “Transición”. Hasta entonces la estabilidad institucional estaba asegurada gracias a la alternancia dos partidos serviles a la oligarquía. En los primeros años fue entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, para después consolidarse como un turnismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con el apoyo puntual de la izquierda reformista o las derechas nacionalistas cuando alguna de estas fuerzas no tenía la mayoría suficiente.

Pero, a partir de 2008, el estallido de la última fase de la crisis estructural del capitalismo rompió con el periodo de “paz social”. Los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP aplicaron contrarreformas neoliberales con el fin de que los capitalistas pudieran compensar su reducción de beneficios con una bajada del coste de los salarios directos, indirectos y diferidos. Por ello, los sucesivos gobiernos dilapidaron importantes derechos laborales, sociales y democráticos que se habían adquirido años atrás con la lucha de la clase obrera. En realidad, la tendencia a revertir conquistas sociales se inició a principios de los 80 y se vio favorecida luego por la caída del Campo Socialista en los años 90 pero la crisis económica reciente ha acelerado esta tendencia.

Esto ha provocado un proceso de empobrecimiento de amplias capas de la población que se han visto cada vez más desamparadas y acuciadas por el desempleo, la explotación, la precariedad, etc. Las “capas intermedias” (pequeños-propietarios, profesionales liberales…) se han visto también afectados la crisis y por las medidas neo-liberales de los partidos de la oligarquía, por la ruina de sus negocios, viéndose abocados a la proletarización. Esta “capa intermedia” se ha rebelado contra el orden de las cosas, que le ha dejado de garantizar una vida plácida, se ha rebelado y ha participado en todas las luchas y movilizaciones sociales (15M, huelgas generales, Marchas de la Dignidad..) junto con la clase obrera.

La clase obrera ha participado de manera activa en diversos conflictos y luchas (principalmente de carácter económico o laboral) pero ha dejado la dirección política e ideológica del movimiento en manos de estas “capas intermedias”. Estas han dado el paso creando formaciones políticas nuevas (Podemos) o utilizando otras ya creadas (Izquierda Unida, Compromis...) para dar una forma política a sus reivindicaciones. A pesar de que la prensa reaccionaria los ha presentado como “radicales”, por lo que se puede observar en sus programas, lo único que estas fuerzas pretenden es la vuelta al “Estado del Bienestar” existente antes de la crisis y renegociar más favorablemente las políticas promovidas en nuestro país por la oligarquía financiera y los organismos internacionales imperialistas (FMI, Banco central europeo, Comisión Europea...).

El hostigamiento de las fuerzas del “Establishment” llevó a las formaciones emergentes del campo popular (especialmente a Podemos) a rebajar considerablemente su discurso y programa (abandono del compromiso Anti-OTAN, sobre la salida del Euro, las nacionalizaciones, la negativa a pagar la deuda…), con el fin de presentarse como “fuerza de gobierno responsable”. A pesar de todo tuvieron un importante avance en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2015, logrando gobernar en los núcleos urbanos más importantes y ayudando a desplazar al PP en varias autonomías y en las elecciones generales de diciembre de 2015 donde Podemos y sus aliados lograron alcanzar un 20 por ciento de los votos y 69 diputados.

Este resultado fue un duro golpe para las fuerzas de la oligarquía financiera en nuestro país. El Partido Popular, a pesar de seguir siendo la fuerza más votada, no conseguía la mayoría suficiente para gobernar ni juntando los escaños con la derecha neo-liberal de Ciudadanos. Por otro lado, el PSOE quedaba en una situación muy debilitada y con la dirección de Pedro Sánchez sometida a fuertes presiones.

Por un lado, estaba la presión de los reformistas y nacionalistas para formar un gobierno “progresista” de coalición que tuviese como expectativa revertir los recortes y contrarreformas regresivas de Rajoy. Esta opción era la esperanza de una gran parte de los votantes de extracción obrera y popular (entre ellos muchos votantes del PSOE).

Sin embargo, la formación de un ejecutivo que pusiera dificultades a la agenda del IBEX 35, la CEOE, la Troika, el FMI no gustó a los poderosos. La oligarquía presionó por todos los medios para evitar que este gobierno se materializase y puso prácticamente todas sus armas mediáticas a clamar por un “gran pacto entre las fuerzas constitucionalistas” (PP, PSOE y Ciudadanos)

Finalmente, todo terminó con un “pacto de opereta” entre PSOE y Ciudadanos, un pacto de gobierno que mantenía la agenda neo-liberal del PP (recorte en las indemnizaciones por despido...) y que pasaba por alto los compromisos hechos por el PSOE en campaña electoral (derogación de las reformas laborales, LOMCE, “Ley mordaza”...). Este giro a la derecha “inesperado” por parte del PSOE rompió prácticamente todas las expectativas de entendimiento con las fuerzas del campo popular.

Tras muchos intentos, se dieron por rotas todas las posibilidades de investidura y el Presidente del Gobierno en funciones disolvió de nuevo las Cortes y convocó nuevas elecciones generales para el próximo 26 de junio. La nueva campaña se presenta como la más crispada y polarizada desde hace 40 años. Todos los actores políticos se echan las culpas de este periodo de “ingobernabilidad”.

¿Qué hay detrás de esta campaña electoral?

A diferencia de otras elecciones esta campaña electoral se encuentra más polarizada y crispada porque en ella se presentan dos visiones diferentes a la hora de hacer frente a la situación actual de nuestro país. Una (la representada por el PP, PSOE y Ciudadanos) es fiel a la agenda neo-liberal y regresiva impuesta en nuestro país por la oligarquía financiera, la gran patronal y los diversos organismos imperialistas a nivel internacional.

Para estos señores la única manera de hacer frente a la crisis estructural del capitalismo es mediante la transmisión de recursos públicos a las entidades financieras con el fin de que sigan utilizando estos activos de manera especulativa (aumentando la deuda pública del Estado) y por otro lado abaratar los costes laborales (ya sea bajando los salarios o dilapidando derechos sociales y laborales) e intentar desesperadamente de esta manera pagar sus deudas y seguir manteniendo su tasa de beneficios.

Este es el programa real de todas las fuerzas que representan los intereses de la oligarquía. A despecho de las promesas demagógicas de los programas electorales y bajo el criterio de la práctica (el gobierno del PSOE de Rodríguez Zapatero, el último gobierno de Rajoy, los acuerdos y votaciones en las que ha intervenido Ciudadanos...) tal ha sido la política que han seguido estas tres fuerzas, así como las derechas nacionalistas. Pueden diferenciarse en su discurso y en algunos matices, pero al fin y al cabo coinciden en lo esencial. Estos partidos son la garantía de que las políticas de “austeridad” sigan aplicándose sobre las espaldas de la clase obrera y capas populares del Estado Español; mientras estas fuerzas tengan mayoría el “Statu Quo” estará garantizado.

Por su parte, la nueva confluencia de fuerzas progresistas “Unidos Podemos” tiene otros planteamientos. En su programa mínimo de “50 medidas para gobernar juntos” se quiere dar una solución keynesiana para salir de la crisis. El programa propone recuperar el “Estado del Bienestar” anterior a la crisis económica y “blindar los derechos sociales”. Para ello propone medidas como la creación de una banca pública que financie y dé créditos a las familias y a las PYMES, destinar inversión pública para la creación de puestos de trabajos y la reindustrialización del país, garantizar ayudas para los sectores en “peligro de exclusión social” entre otras medidas.

En definitiva, es un programa destinado a dar una salida a la crisis en el marco de un “capitalismo de rostro humano” defendiendo los derechos sociales y democráticos conquistados, pero sin proponer la construcción de un nuevo tipo de sociedad. Nos preguntamos cómo en esta etapa reaccionaria del capitalismo imperialista, donde no existen contra-poderes fuertes a nivel global (como fueron en su día la URSS y el Campo Socialista) ni un movimiento obrero a la ofensiva, van a imponer a la oligarquía española y a los poderes económicos internacionales estas medidas reformistas.

Recordemos que en el pasado mes de mayo la deuda pública superó por primera vez en la historia el 100 por ciento del Producto Interior Bruto de nuestro país. Por su parte, la Comisión Europea multó a España por no cumplir los requisitos de déficit y ordenó a las autoridades españolas realizar recortes por valor de 8.000 millones de euros para el 2016. En este contexto, y teniendo en cuenta que las organizaciones reformistas por lo general defienden el reforzamiento de las instituciones europeas con matices, ¿cómo pretenden llevar a la práctica su programa electoral cuando contraviene las órdenes directas de la Comisión Europea?

Algunos hablan de “democratizar la UE y el BCE” cuando no existen cauces legales para su democratización. Otros líderes reformistas hacen hincapié en que es necesario forzar a la Troika a renegociar la deuda; no obstante, todavía está fresco en nuestra memoria cómo el gobierno reformista griego, que intentó plantar cara el año pasado al chantaje de la Troika, terminó claudicando e implementando la políticas neo-liberales que siguen empobreciendo al pueblo griego.

¿Tienen medios los señores reformistas para una vez en el gobierno hacer frente a la previsible guerra económica que la oligarquía nacional e internacional realice contra nuestro pueblo? Algunos dicen que sí apelando a la movilización popular. Sin embargo, lo cierto es que, desde que hace un año entramos en periodo electoral, las movilizaciones han caído en picado y todo el mundo parece haber puesto sus esperanzas en una solución exclusivamente electoral.

Nosotras/os desde el Partido del Trabajo Democrático pedimos el voto para la candidatura “Unidos Podemos” por considerar que a pesar de sus limitaciones es la única que presenta un margen de defensa de los derechos sociales y democráticos elementales de la clase obrera y las capas populares. No será posible llevarla a efecto sin luchar de forma implacable contra el gran capital que va a poner todas las piedras en el camino y para ello es imprescindible organizar a las masas obreras y populares en la defensa de sus intereses. Apoyamos las candidaturas de Unidos Podemos, no porque confiemos en que esto vaya a resolver los problemas de las masas trabajadoras, sino para que éstas pasen por la experiencia de movilizarse por demandas modestas que no serán satisfechas y asuman así la necesidad de apoyarse en sus propias fuerzas y de dar un carácter revolucionario a su lucha.

Los reformistas, con razón, proponen un cambio de nuestro modelo productivo orientado hacia la reindustrialización y hacia la promoción de las políticas de I+D+I con políticas públicas. Sin embargo, destinar tan vastos recursos hacia esa política tan ambiciosa no puede llevarse a cabo sin la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía (monopolios energéticos, telecomunicaciones, transportes...) para recuperar los activos logísticos y financieros necesarios para poder ejecutar tal propósito. También es indispensable luchar contra el cierre de fábricas llegando, si es necesario, a la intervención de la industria en cuestión y su pase al sector público para ser gestionada de forma conjunta con los trabajadores y técnicos de la empresa nacionalizada.

Todos los años se gradúan en nuestras universidades miles de técnicos, ingenieros y especialistas que podrían poner sus esfuerzos al beneficio de la mayoría social. Por el contrario, las políticas educativas actuales promueven la privatización y mercantilización de Facultades y Escuelas Técnicas y su vinculación con las empresas multinacionales (que pretenden una mano de obra barata y especializada). Entonces, no les queda más remedio que tener un futuro precario o emigrar al extranjero si el modelo productivo no puede ofrecerles trabajo. Nosotros proponemos una educación pública, laica, democrática y gratuita cuyos titulados estén orientados a las políticas públicas que ayuden a reconstruir nuestro país.

Las fuerzas democráticas anuncian políticas contra la evasión fiscal y la fuga de capitales; así como defienden la creación de una banca pública para luchar contra los abusos de la banca y el sistema financiero privado. Pero mientras exista banca privada los capitalistas parasitarios siempre tendrán margen para sus actividades especulativas, por ello nosotros defendemos la completa nacionalización de la banca, las entidades financieras y seguros. También defendemos la imposición de penas confiscatorias (no simples sanciones económicas) para los empresarios encontrados culpables de delitos fiscales.

Para conseguir la democratización de nuestro país debemos superar el estrecho marco de la Constitución de 78 y dar paso a un proceso constituyente cuyo objetivo debe ser el establecimiento de una República Democrática. La nueva democracia debe tener su base principal en los centros de trabajo y los barrios y asegurar la participación directa de la clase obrera y del pueblo. Por su parte también debe respetar el derecho de autodeterminación para todas las nacionalidades que conviven en el actual Estado. La nueva República debe ser un apoyo a la lucha de los pueblos de Europa contra las políticas neoliberales de la UE y contribuir a romper con sus estructuras oligárquicas e imperialistas. Debemos iniciar una política exterior de amistad con los pueblos y de oposición a la guerra imperialista, lo que exige la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases militares estadounidenses en nuestro país.

Es necesario que la clase obrera construya su partido político para poder impulsar la lucha política y económica por sus derechos y los de las masas populares. Impulsarla con la organización del control obrero de la producción y la progresiva nacionalización de ésta y conectarla con la construcción de una futura sociedad socialista. Esta sociedad socialista es imposible sin disputar el poder a la oligarquía con la organización de los trabajadores en las calles y en los centros de trabajo. Sólo con ello, con la organización del control obrero de la producción y la progresiva nacionalización de ésta, es posible construir un nuevo país para la mayoría social trabajadora.

Por todo esto, desde el Partido del Trabajo Democrático seguiremos concentrando nuestros esfuerzos en reconstituir el tan necesario Partido Comunista, con el objetivo de organizar la revolución socialista en nuestro país, pues entendemos que sólo mediante la toma del poder político por parte de la clase obrera se podrán resolver las necesidades vitales de todos los que sufren el capitalismo.