Medidas sociales por los derechos de la clase obrera

PTD
Viernes, 28 Agosto, 2015

La República Democrática precisa afrontar las necesidades sociales concretas e inmediatas del pueblo trabajador para posibilitar las bases mínimas de la igualdad para poder ejercer la soberanía popular y la participación política. Las políticas neoliberales atacan directamente a las conquistas sociales y empeoran constantemente las condiciones de vida de la clase obrera y de las capas populares en aras del beneficio rápido. La oligarquía financiera española ya ha acumulado suficiente capital para poder absorber los servicios públicos y servirse de ellos como un gran negocio lucrativo a costa de la apropiación de las rentas del trabajo y de los salarios indirectos (servicios públicos). Toda esta tendencia a la privatización de los servicios públicos provoca que las necesidades sociales objetivas de los trabajadores se vean cada vez menos cubiertas y, con ello, la democracia cada vez se vea más lastrada. 

Mejorar las condiciones de vida, atender a las necesidades sociales objetivas de los trabajadores y las trabajadoras es un requisito indispensable para conseguir los mínimos de libertad colectiva e individual que debe exigírsele a una democracia popular. 

Derecho a un trabajo digno, estable y saludable. 

La democracia popular tendrá como uno de sus fundamentales objetivos el conseguir que todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción de ningún tipo, desde la terminación de los estudios obligatorios hasta la jubilación, tengan acceso a un trabajo digno y estable. El trabajo social genera riqueza y alumbra objetiva y subjetivamente la necesidad del cambio social revolucionario. El trabajo bajo el capitalismo se convierte, para la inmensa mayoría, para los que no tienen más remedio que vender su fuerza de trabajo, en una obligación para cubrir las necesidades vitales. Bajo el dominio capitalista es inevitable que las posibilidades de empleo caigan en los designios del mercado, pero la República Democrática debe asegurar la participación de todos en la democracia, cosa imposible sin que se tengan cubiertas las necesidades vitales. Por ello, se debe combatir por alcanzar el pleno empleo con la premisa del trabajo digno y la estabilidad, con las siguientes propuestas: 

1.1 Desarrollo práctico del derecho al trabajo, para lo cual tendrán un papel fundamental las empresas nacionalizadas que ejercerán de motor del empleo, al igual que lo harán de la reindustrialización; asegurando la prohibición de las horas extraordinarias, el trabajo a destajo y la precariedad laboral en dichas empresas. 

1.2 Servicio Público de Empleo, dependiente del Estado, de las comunidades y de los municipios, que asegure la inmediata búsqueda de un empleo acorde con las condiciones y categoría de la persona desempleada; a su vez, todo trabajador desempleado recibirá seguro de paro mensualmente, equivalente, al menos, al salario mínimo interprofesional, el cual debe ser elevado para satisfacer las necesidades de los trabajadores. 

1.3 El control y la inspección sobre el Servicio Público de Empleo será ejercido por el Consejo Estatal de Trabajadores, al igual que por los de comunidad y locales. 

1.4 Todos los estudiantes de los centros públicos a partir de los 16 años desarrollarán sus estudios en combinación con el trabajo productivo, procurando un empleo estable para cada uno al concluir los estudios. 

1.5 Será obligatoria la igualdad en el acceso a los puestos de trabajo, en los salarios por el mismo trabajo y en la promoción para todo ciudadano entre los 18 años y la edad de jubilación, sin excepciones. 

Derecho a una vivienda digna para todos. 

Los desahucios, la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitres, el sistema crediticio español,…, se han convertido en una forma de negocio para bancos e inversores, principalmente. Los bancos se apoderan de las viviendas de las familias trabajadoras; éstas pierden los pagos realizados de la hipoteca mientras permanecen endeudados de por vida sin poseer la vivienda. De esta manera, no se puede atender al derecho fundamental de acceso a una vivienda digna. Los monopolios privados de la construcción generan gigantescos beneficios, mientras los trabajadores ven reducido el poder adquisitivo de sus salarios por tener que contraer enormes deudas hipotecarias para poder tener una vivienda; en España existen millones de viviendas vacías, mientras los trabajadores jóvenes sumidos en la precariedad laboral se ven imposibilitados para alquilar una vivienda. Los obreros y las capas populares no tienen más remedio que hipotecarse de por vida, con lo que esto supone de sumisión hacia intereses ajenos. Combatir estas tendencias debe ser objetivo prioritario de las fuerzas democráticas organizando el movimiento reivindicativo con las siguientes propuestas: 

2.1 Paralización inmediata de todos los desahucios contra todas las personas que se hayan quedado sin trabajo o sin recursos suficientes como consecuencia de la crisis capitalista. Puesta en marcha por ley de la dación en pago con carácter retroactivo, con eliminación de los impuestos. Anulación de aquellas hipotecas que impidan el derecho a la vivienda. 

2.2 Desarrollo práctico del derecho a una vivienda digna para todos con la creación de servicios municipales públicos de vivienda y el incremento inmediato del gasto público en la construcción y promoción de vivienda protegida destinada principalmente a los trabajadores, jóvenes, madres solteras o divorciadas con bajos recursos, etnias minoritarias y demás desfavorecidos. Fomento del cooperativismo para, junto con las empresas constructoras públicas, constituir una vía alternativa a la iniciativa privada en la construcción de viviendas. 

2.3 Nacionalización de cuantas tierras estén improductivas, y creación con ellas de cooperativas de trabajadores del campo. 

2.4 Expropiación y municipalización de los inmuebles vacíos en posesión de bancos, compañías de seguros, financieras, inmobiliarias, promotoras o constructoras, con el aumento de la presión fiscal sobre el número de viviendas acumuladas y el tiempo de desocupación de las viviendas secundarias, de las vacías y del suelo de titularidad privada urbanizable que se mantenga sin edificar. Esta fiscalización debe tener un carácter exponencial, siendo los impuestos del segundo inmueble reducidos (en el caso de familias trabajadoras que posean un inmueble edificado en otro municipio, nulo) y a partir de ahí ejercer una crecida exponencial. 

2.5 Declaración de carácter público de todo el suelo urbanizable, con el control popular con derecho de veto, de los planes municipales de ordenación urbana, las licencias urbanísticas y el fraude inmobiliario. Control popular que deberá ser ejercido por órganos compuestos por representantes de los trabajadores, de asociaciones de vecinos, de mujeres, de jóvenes, etc., y que, a su vez, hará labores de inspección. 

2.6 Creación y promoción de un sistema de alquiler de viviendas de propiedad pública, en el cual se establezca un baremo de precios adaptado a las posibilidades reales de los inquilinos (nivel de ingresos, número de hijos o personas dependientes). Impulsar desde las instituciones el alquiler de vivienda con desgravaciones fiscales. 

2.7 Eliminación progresiva de las ayudas directas y las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda y establecimiento por ley un máximo de 15 años para el tiempo de retorno de los préstamos hipotecarios y un tipo de interés máximo fijado por el Estado. Establecimiento de medidas cautelares y de prevención contra delitos y abusos en caso de retrasos por paro o enfermedad. 

Derecho a una educación igualitaria. 

La educación además de servicio público es el mejor aparato ideológico que tiene un Estado, pues durante los más fructíferos años del aprendizaje de una persona, de manera continua, organizada y reglamentada, se influye ideológicamente sobre los niños y jóvenes, lo que posibilita la reproducción de las relaciones sociales. Además el capitalismo español utiliza la escuela para la selección y criba según los niveles sociales, provocando cada vez menos posibilidades de acceder a estudios superiores a los hijos de los trabajadores, enseñándoles a ser sumisos con el rol social que se le marca a cada uno. La política neoliberal conduce directamente a la reversión de los recursos públicos a los negocios educativos privados. La educación en España es un gran alegato a la desigualdad, un atentado contra el presente y el futuro de la democracia. Por ello, en el camino de alcanzar la titularidad pública completa de todo el sistema educativo, es necesario generar un gran movimiento de defensa de la escuela pública igualitaria, con las siguientes medidas de referencia: 

3.1 Prioridad de la educación dentro de los presupuestos, con exclusividad en los mismos para la educación pública, desde los 0 años hasta la enseñanza superior, eliminando los conciertos con entidades privadas y cualquier otro tipo de subvención o beneficio. Se organizará así una red pública que cubra todas las necesidades económicas, técnicas, culturales y organizativas en todos los niveles de la educación. 

3.2 Plan general estatal de educación, en conjunción con planes de las comunidades y municipios que atiendan las peculiaridades y las necesidades específicas. Organización, control, inspección y toma de decisiones sobre todos los planes y asuntos de la enseñanza por parte de los Consejos Escolares de centro, de municipio, de comunidad y estatal, al igual que por los Claustros en la Universidad, elegidos democráticamente y con paridad entre los miembros de la comunidad educativa. Directores, rectores y equipos directivos serán elegidos, y revocables, por los Consejos o Claustros de centro de estudios. 

3.3 Educación general científica, cultural y politécnica obligatoria para todos hasta los dieciocho años, en estrecha relación de la instrucción de los niños y jóvenes con el trabajo productivo social, bajo control público y democrático, y con la que se familiarice con los aspectos teóricos y prácticos de las ramas más importantes de la producción. La educación general deberá fomentar el espíritu crítico, constructivo y de investigación. 

3.4 Total laicidad de la escuela pública. Ningún plan de estudios admitirá la formación en concepciones religiosas, ni la ideologización que conlleve elementos de discriminación, de sumisión o de justificación de la desigualdad social. 

3.5 Obligatoriedad de la enseñanza desde los 3 años hasta los 18 años. Gratuidad total de la escuela pública desde los 0 años hasta la Universidad, teniendo que correr a cargo de las instituciones todos los aspectos que puedan afectar a la igualdad: libros, material escolar, transporte, comedores, actividades culturales y deportivas. Nacionalización de las grandes editoriales y distribuidoras para asegurar libros de texto científicos y gratuitos. 

3.6 Organización y fomento del acceso a los hijos de los trabajadores a todos los niveles educativos, ligando los planes educativos al resto de las medidas económicas y sociales. Eliminación de las pruebas selectivas de acceso a la Universidad y creación de un sistema de remuneración para los estudios universitarios a los hijos de los trabajadores. Los estudios universitarios estarán ligados directamente al trabajo productivo con arreglo a un plan público y democrático. La investigación para el desarrollo será dependiente de la Universidad pública y será financiada íntegramente por las instituciones democráticas del Estado. 

3.7 Obligación de construir escuelas infantiles en los municipios, en los centros administrativos y en las grandes empresas. Provisión de plazas gratuitas, ya sean públicas o de empresa, que sean suficientes para atender las necesidades de la población. 

3.8 Medidas contra la masificación del alumnado en las aulas, basadas en el aumento de profesores y de establecimientos. Progresiva sustitución del sistema de exámenes por la evaluación continua y formativa. Apoyo al desarrollo de experiencias progresistas y democráticas en los sistemas educativos. 

3.9 Establecimiento de actividades educativas gratuitas y públicas, fuera de los períodos lectivos, para todos los niveles educativos y que sean suficientes para atender las necesidades. 

3.10 Recuperación y fomento de las Escuelas de Adultos públicas que garanticen a los trabajadores y trabajadoras adultos expulsados de la escuela su derecho a la educación. 

Derecho a la sanidad universal y de calidad para todos. 

La atención a la salud es una necesidad vital para todas las personas. Las tendencias neoliberales marcan el camino de la privatización de los servicios sanitarios, alimentando estos negocios privados con recursos públicos; dividiendo la caja única del servicio de salud, lo que conlleva la dificultad de la atención sanitaria cuando existe movilidad geográfica dentro del Estado; utilizando modelos de gestión privada en los hospitales, como paso previo a la privatización; y planteando la necesidad del co-pago de los servicios médicos, cuando los recursos sanitarios se sacan directamente del bolsillo del trabajador. Todo ello conduce directamente a la merma del derecho a la salud igualitaria para todos. En el camino de conseguir que todo el sistema sanitario sea público, los planes neoliberales deben ser combatidos sobre la base de las siguientes medidas: 

4.1 Plan Estatal de Salud con la intervención de un Consejo Central Estatal de Sanidad compuesto por representantes de la administración, profesionales, usuarios y representantes de los trabajadores, que asegure la completa gratuidad para todos y que priorice todo lo referente a medidas para la prevención y promoción de la salud y para el tratamiento de la enfermedad. 

4.2 Ampliación de la cobertura sanitaria pública a todas las patologías y especialidades. 

4.3 Autonomía en la gestión de los centros de salud y hospitalarios, dependientes de las comunidades y municipios para desburocratizar los servicios y adecuarse a las necesidades concretas. Gestión, control e inspección por parte de Consejos de comunidad, municipales y de centro, con la participación en la gestión de los centros de, al menos, el 51% de trabajadores y debiendo estar entre éstos representados proporcionalmente cada uno de los colectivos laborales, con el control por parte de la asamblea de trabajadores y comités de empresa, y la posibilidad de revocación de sus representantes. 

4.4 Prioridad de la sanidad dentro de los presupuestos, con exclusividad en los mismos de la sanidad pública, y con la organización de la caja única de la seguridad social y del sistema de salud. Financiación progresiva de la seguridad social sobre la base de los beneficios empresariales, ingresos y fortunas. Prohibición de cualquier tipo de subvención a los establecimientos sanitarios privados. 

4.5 Nacionalización de los grandes laboratorios con el fin de que tanto la investigación, desarrollo e innovación farmacéuticos como la fabricación de medicamentos se realice a bajo precio, estableciendo dispensarios farmacéuticos públicos en los centros de salud y avanzando hacia la total gratuidad de los medicamentos. Por una industria farmacéutica que priorice la investigación y tratamiento sobre enfermedades graves y que afecten principalmente a las clases populares. 

4.6 Desarrollo principal de una investigación médica y farmacéutica pública y científica que incluya tanto la medicina convencional como la medicina natural, alternativa y complementaria, y que combata las concepciones metafísicas y no científicas y el fraude. 

4.7 Eliminación de las mutualidades profesionales y de accidentes de trabajo, y la inclusión de éstas y de la inspección en la red de sanidad pública. 

4.8 Asegurar servicios públicos de asistencia a ancianos y personas dependientes, al igual que la creación por parte de las instituciones de centros públicos suficientes de asistencia a la tercera edad y personas dependientes. 

4.9 Erradicación de la Iglesia y figuras religiosas en los hospitales del sistema estatal de salud. 

4.10 Legalización de la eutanasia. 

4.11 Servicios funerarios públicos. 

4.12 Servicio de integración efectiva para personas con cualquier tipo de problema que lleve a la exclusión social con un tratamiento personalizado que elimine todas los problemas que pudieran tener las familias y allegados. 

Igualdad de derechos de la mujer. 

La sociedad patriarcal engendrada desde el principio de propiedad individual es una de las formas violentas en que se expresa el sistema burgués, el capitalismo. Este ha desarrollado una sociedad en la que el hombre como macho de la especie es el encargado de asegurar que se reproduzca la propiedad privada a través de las leyes de herencia establecidas. Provoca desigualdad entre las personas y hace que dos individuos bajo la misma condición no puedan tener iguales derechos. El régimen burgués necesita reproducir las relaciones de poder fomentando el papel reproductor de la mujer para convertirla en esclava del hombre y los hijos así como de la sociedad; y necesita para hacer prevalecer el derecho de propiedad que sea el hombre el que ocupe el papel de productor principal para administrar y asegurar la propiedad a través de los hijos (en primer lugar del varón manteniendo el apellido, la raíz). 

Estas necesidades innatas al capitalismo originan un machismo cada vez más violento en la medida en que aumenta la agresividad del propio sistema para hacer prevalecer sus intereses sobre los de la clase trabajadora.(o la mayoría de la población). 

La opresión de la mujer se evidencia con la desigualdad laboral (desigualdad en los puestos de trabajo, en las retribuciones salariales); con la desigualdad social (frente a la opción del aborto, el divorcio, objeto sexual); y la injusticia de convertirla en única responsable en la crianza de los hijos en el ámbito familiar. A pesar de ello, el propio desarrollo de la sociedad ante la necesidad de fuerza productiva de la mujer que rebaje el valor de la fuerza de trabajo ha aumentado y continua aumentando su nivel de independencia a pesar de que para ello deba mantener la doble esclavitud en el caso de las mujeres de la clase obrera. 

Por otro lado, desde los instrumentos de poder del sistema (prensa, tv, publicidad, educación) se presenta a la mujer como individuo bello y hermoso con el que poder jugar. Así se la trata como objeto sexual ante el hombre a la vez que se la inculca como utilizar su propio cuerpo para ganarse la vida, degradándola y relegándola de forma consciente o inconsciente por su parte, al estatus de la prostitución. Cualquier hombre o mujer sin distinción de raza que se diga defensor de la democracia debe rechazar cualquier tipo de desigualdad hacia la mujer y aún con mayor responsabilidad si es miembro de instituciones judiciales (abogados/as y jueces/as); debe rechazar la prostitución como forma participativa de la mujer en la sociedad; debe rechazar el machismo de los comportamientos que la tratan con carácter discriminatorio. Y los y las comunistas debemos superarlos también siendo ejemplo. Aunque algunas manifestaciones machistas no se erradicarán definitivamente más que en la lucha de clases del socialismo, los comunistas consideramos que se deben afrontar desde lo concreto: 

5.1 Igualdad total de la mujer en materia de acceso a puestos de trabajo, salarios, cualificación y promoción. Inspecciones de trabajo y control judicial para combatir la discriminación, al igual que el hostigamiento, el acoso sexual, las violencias verbales o sexistas y cualquier otro atentado contra la integridad de la mujer. 

5.2 Lucha económica, social, educativa, cultural, policial y judicial contra la reproducción de estereotipos machistas y contra la imagen degradante, mercantil (de producto de venta) y dependiente (sumisa) de la mujer. Prohibición de programas, anuncios y todo tipo de publicidad sexista, discriminatoria y despreciativa hacia las mujeres. Plan Estatal de educación igualitaria desde el nacimiento que posibilite la eliminación del acervo cultural de los estereotipos machistas y del patriarcado. 

5.3 Contratos de unión libre con los mismos derechos fiscales y de sucesión que el matrimonio. Divorcio libre e inmediato con protección económica y social de los cónyuges sin ingresos, principalmente de la mujer, y de los niños. 

5.4 Despenalización total del aborto, con la consideración de la mujer como legítima dueña de su cuerpo y amnistía para todas las personas condenadas por este motivo. 

5.5 Aborto libre y gratuito para todos los supuestos y atendido por la sanidad pública. 

5.6 Proporcionar un plan de educación sexual tanto a hombres como mujeres (informando de métodos abortivos, anticonceptivos, etc.). Total gratuidad en cuanto a los métodos anticonceptivos, y proporcionar una ayuda psicológica y física total a aquellas mujeres que tomen la decisión de abortar. 

5.7 Educación sexual a los y las jóvenes a partir de los 11 años con el fin de promover unas relaciones sexuales seguras, responsables y basadas en el respeto y consentimiento de las partes, así como difusión y normalización de las distintas opciones sexuales. Distribución gratuita e información desde los 11 años sobre los métodos anticonceptivos. 

5.8 Lucha implacable contra la violencia machista, con la inmediata detención del agresor, la instauración de medidas policiales y judiciales efectivas, la extensión de la protección a la mujer agredida psíquica o físicamente, y la ampliación de la red de casas de acogida con planes psicológicos, laborales y de concienciación de familiares. Persecución judicial de oficio de los casos de maltrato físico o psíquico. 

5.9 Lucha contra las raíces sociales de la prostitución, avanzando hacia su abolición; lucha contra las redes mafiosas y represión del proxenetismo. Ayuda financiera y planes de trabajo para la integración social, 15 política y económica de las prostitutas. 

5.10 Desarrollo y efectividad de las medidas de conciliación de la vida laboral y personal. Obligación para los progenitores, de modo alternativo, de coger 18 meses de baja por maternidad con la garantía de una reincorporación al trabajo después de este periodo con salario íntegro y conservación del puesto de trabajo. 

5.11 Plan Estatal de educación igualitaria desde el nacimiento que posibilite la eliminación del acervo cultural de los estereotipos machistas y del patriarcado.