Una reforma para dominarlos a todos (II): Una vuelta de tuerca más en Castilla-La Mancha

Edgar Téllez, militante del Partido del Trabajo Democrático
Jueves, 31 Julio, 2014

En un artículo anterior el camarada David Comas hacía una interesante reflexión sobre la naturaleza de la nueva ley electoral municipal que el gobierno del Partido Popular tenía intención de sacar adelante. Esta reforma supondría la elección automática como alcalde quien encabece la lista más votada, independientemente del reparto de concejalías y de si la lista más votada tuviese una mayoría política suficiente. Como dice el camarada David la polémica está servida. Los partidos de la oposición acusan al gobierno de intentar que, a pesar de la caída constante de apoyo electoral hacia el Partido Popular éste siguiera reteniendo el mayor número posible de instituciones. Sin embargo, y aunque este argumento tiene parte de razón, el objetivo principal es otro, un cambio para mantener dentro de lo posible la estabilidad institucional del sistema.

En Castilla-La Mancha, el gobierno regional presidido por María Dolores de Cospedal ha procedido a realizar una reforma electoral, esta vez a nivel regional, con unas intenciones parecidas. La nueva reforma electoral en Castilla-La Mancha reduciría la representación en las Cortes regionales en  20 escaños. Por si fuera poco la nueva reforma sigue manteniendo un sistema de asignación de escaños por provincias según la famosa Ley de Hont.  En resumidas cuentas, con la nueva ley electoral si extrapolamos los resultados de las europeas en Castilla-La Mancha a las autonómicas, el PP seguiría manteniendo la mayoría absoluta con sólo un 37 por ciento de los votos.

No es la primera reforma electoral que se hace en Castilla-La Mancha. Los gobiernos regionales de los distintos partidos, (PP y PSOE) habían hecho otro tipo de reformas electorales en base a su propio interés partidista, sin embargo esta reforma realmente trasgrede todo lo que se podría imaginar. Por decir un dato, el porcentaje de votos necesarios para obtener representación parlamentaria pasa  del 7% al 13,3% en Albacete, del 6,4% al 11,3% en Ciudad Real, del 8,7% al 16,3% en Cuenca, del 6,7% al 16,3% en Guadalajara y del 5,9% al 11,3% en Toledo.    

¿Cuál es la razón de esta reforma? Las principales razones de las reformas son por una parte mantener la hegemonía del Partido Popular en Castilla-La Mancha, así como mantener la estabilidad del régimen del 78 también amenazada, aunque en mucha menor medida que en otros lugares, en las tierras castellano manchegas. Para comprenderlo necesitamos saber un poco la historia de nuestra comunidad autónoma.

Castilla-La Mancha dentro de la configuración del “Estado de la autonomías”

El estado de las autonomías se configuró durante la Transición inicialmente para integrar en el nuevo régimen a las burguesías de las naciones históricas del Estado Español. Estas burguesías (la vasca y la catalana) fueron las más dinámicas económicamente, desarrollando el comercio y la industria formularon desde principios del siglo XX. Su nacionalismo que, bajo la bandera lingüística y de la identidad nacional, reclamaron una mayor autonomía, política, económica y fiscal con la cual poder gestionar de una manera más adecuada su cuota de poder según sus intereses. Con los estatutos de autonomía de Cataluyna y Euskadi en 1979 y Galicia en 1980, se intentó integrar a estas burguesías nacionales en el marco del régimen español nacido de la constitución del 78, en contraposición con el franquismo que había reprimido violentamente cualquier intento de reivindicación de la identidad nacional por parte de las naciones históricas del Estado.

Sin embargo la estructuración de la España de las autonomías empezó a cobrar otro sentido a partir de la aprobación de la LOAPA, (Ley de Armonización del Proceso Autonómico) también conocida como la ley del “café para todos” en 1981, una ley pactada por los dos grandes partidos de entonces, PSOE y UCD. A partir de entonces empezaron a crearse órganos preautonómicos por doquier, incluso en regiones donde no existía una reivindicación nacional concreta o ésta carecía del suficiente apoyo popular.

 De esa manera nació nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha. Fue un proceso en el que no se contó en modo alguno, ni siquiera en el formal, con la opinión de sus habitantes. El estatuto fue redactado y aprobado por las Cortes Generales en 1982 y entró en vigor a los pocos días gracias a un decreto del gobierno, el estatuto fue ratificado por las Cortes Regionales en 1984 tras la celebración de las primeras elecciones autonómicas. ¡Dos años después de la aprobación del estatuto en las Cortes Generales! De este modo se creaba Castilla-La Mancha, una región artificial creada de un burdo “corta y pega” de otras regiones históricas, en concreto Castilla La Nueva, a la cual se le segregó de Madrid que por intereses de la burguesía local pasaba a ser una comunidad autónoma propia, y Murcia de la cual se cogió la provincia de Albacete para incorporarla a la nueva autonomía castellano manchega.

Este sistema se aplicó también en otras cuestiones y muestra de manera clara el interés de la burguesía en remodelar la estructura territorial y administrativa del Estado Español. Su objetivo de una descentralización parcial buscaba dotar de un mayor margen de maniobra a sectores de la burguesía de las provincias, y por otro lado crear una compleja estructura burocrática que dificultase el ejercicio de un control público de las instituciones por parte de los ciudadanos, además de crear una amplia red clientelar de cargos públicos y directivos que utilizasen las instituciones autonómicas como medio de realizar oscuros negocios. La “España de las autonomías” suponía un “alivio” cuando a alguno de los partidos del régimen le tocaba pasar a la oposición, pues tenía la oportunidad de gestionar determinados territorios a la espera de volver a recuperar el gobierno central.

La oligarquía se ha servido enormemente del tejido burocrático de las autonomías para actuar en base a sus intereses. Una descentralización que les ha hecho más accesible la colaboración del estado a la hora de recibir licencias de obra y apertura de negocios o de obtener contrataciones públicas. Un importante sector de la economía se ha derivado de este tipo de negocios en los últimos años. Las concesiones públicas a empresas y las licencias de obra han permitido el crecimiento vertiginoso de no pocas empresas nacidas de la nada. El último caso más paradigmático es el de la empresa Gowex, empresa puntera en comunicación electrónica que ha sido acusada recientemente de falsificar deliberadamente sus cuentas y que había crecido gracias a las concesiones de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por poner “Wi-Fi” a sus instalaciones. La relación entre los altos cargos políticos de las autonomías y estos empresarios es casi directa. Por poner un ejemplo, uno de los mayores accionistas de clínicas Capio, empresa médica privada que más se está beneficiando de la privatización de la sanidad pública en Castilla La Mancha, es Ignacio López del Hierro, marido de la presidenta regional María Dolores de Cospedal. Un suculento negocio sólo para unos pocos.

El “chollo” se empieza a terminar

Sin embargo los efectos de la terrible crisis estructural en la cual se halla inmerso el capitalismo se han hecho notar también en las autonomías. Los sucesivos gobiernos regionales han aplicado serios recortes en materia de servicios sociales, salud, educación… Lo cual ha generado un amplio malestar en amplias capas de la población y ha aumentado su malestar con respecto a los partidos tradicionales del régimen. Tras las elecciones europeas se comprobó como la hegemonía del Partido Popular se ha desmoronado de manera palpable en feudos como Madrid o Valencia, fruto de su aplicación de medidas antisociales y su implicación en casos de corrupción. Una tendencia parecida, aunque con menor intensidad, se ha dado en Castilla La Mancha; un fuerte batacazo del PP y el PSOE, los partidos del régimen, y un crecimiento exponencial de las fuerzas populares representadas por IU y Podemos, las cuales en conjunto han sacado un nada despreciable 16 por ciento de los votos. La irrupción de estas formaciones, así como las de la derecha populista de UPyD, suponen un riesgo a la “estabilidad” tradicional en Castilla-La Mancha, cuya vida política ha estado dominada casi exclusivamente por los dos partidos políticos mayoritarios. Como ya explicó el compañero Comas, anteriormente una situación de este tipo se resolvía mediante pacto de los partidos mayoritarios con otras fuerzas, ya sea con la izquierda reformista o con las derechas nacionalistas. Sin embargo, la débil situación del capitalismo español ha provocado un proceso de radicalización de las distintas capas poseedoras, (oligarquía, burguesías nacionales y pequeñas burguesías) que ha reducido el margen negociador para conseguir pactos. Es por ello que la oligarquía necesita leyes que le aseguren una capacidad de gobernar con la mayor soltura y naturaleza posible sin quebrarse la cabeza a la hora de llegar a acuerdos con otros sectores sociales que dificulten su posición de imponer su programa único neoliberal.

Anteriormente ya se habían producido la entrada de fuerzas reformistas en gobiernos autonómicos, principalmente bajo acuerdos tutelados por el PSOE. Este tipo de acuerdos con partidos íntimamente ligados a los intereses de la oligarquía no suponían un escollo para el sistema, al contrario. Los reformistas, (que por norma general eran de IU, ICV o nacionalistas pequeño-burgueses como ERC o BNG) creían o pretendían hacer creer que el pacto con fuerzas como el PSOE ayudaría objetivamente a los intereses de las clases populares, consiguiendo conquistas sociales gracias a su papel en las instituciones y presentándose como una especia de “Pepito Grillo” del gran partido social-liberal español para acercarse paulatinamente a su base social obrera. Sin embargo, lo que se producía era un acercamiento de los cargos públicos del reformismo a la lógica de gestión neoliberal, el descrédito ante su base social más avanzada, la percepción por parte de las masas de ser un partido más comparable a los de la oligarquía, o aún peor contribuir a que las masas vuelvan a ver al vetusto PSOE como un partido de “izquierdas”.

Sin embargo con el resultado de las elecciones europeas esto ha cambiado totalmente, la base social y electoral del reformismo se resiste cada vez más a un pacto con los partidos de la oligarquía.  El nacimiento de nuevas fuerzas populares como Podemos, la superación de un techo electoral que les posibilitaría en un futuro y el derrumbe del PSOE, (a pesar de los nuevos liderazgos que nos pretendan vender con sus primarias) han dado confianza a los reformistas a la hora de confrontar cada vez de manera más directa a los partidos de la oligarquía y a presentarse a la ciudadanía no ya como una fuerza auxiliar, sino como una fuerza principal e incluso de gobierno. Esto se está traduciendo en formas muy interesantes que están dando espacios de convergencia como es el caso de Guayem en Barcelona y Municipalia en Madrid, formado por colectivos, movimientos sociales y fuerzas populares con el fin de presentar una candidatura conjunta a las municipales. Algo parecido se podría plantear a nivel autonómico, que la oligarquía no podría tolerar puesto que las autonomías acumulan una capacidad administrativa nada despreciable. Dichas autonomías podrían pasar a ser controladas por fuerzas hostiles o estas fuerzas podrían tener una mayor capacidad para dificultar su la gestión oligárquica. Ello podría poner en entredicho la estructura del régimen del 78 y abrir vías para un proceso de luchas y acumulación de fuerzas que terminen con el derrocamiento de dicho régimen oligárquico, rapaz y servil a los intereses de la UE, el FMI y otros organismos imperiales.

Nosotros como comunistas debemos participar y promover todo bloque social que pretenda unas mínimas demandas democráticas que generen las condiciones para la elevación de la conciencia de las masas y la acumulación de fuerzas. Debemos apoyar a este tipo de bloques, (aunque estén dirigidos por fuerzas pequeño-burguesas) con motivo para lograr una amplia unidad popular, en esa alianza debemos utilizar la institucionalidad burguesa a nuestro favor no para crear de ahí el nuevo estado proletario, sino para generar un punto de ruptura. Hasta ahí todo bien, pero… ¿Cuál es nuestra posición ante el modelo autonómico español

Las autonomías: ¿Descentralizar para el pueblo o para la oligarquía?

Nuestros objetivos principales como comunistas es la Revolución Socialista y la construcción del nuevo poder obrero y popular que permita a los trabajadores y a las clases populares una mejor gestión directa de los asuntos públicos. Las autonomías fueron creadas en su inmensa mayoría como entidades artificiales, en donde la participación popular en su creación o su naturaleza histórica brilla por su ausencia. Representan una estructura más donde la burguesía a nivel regional se asienta con el fin de desarrollar sus oscuros intereses. Las autonomías a su vez han causado problemas al Estado, un gasto desmesurado, duplicidad de administraciones, una enorme maquinaria burocrática que mantener…

Partidos de la derecha populista, como UPyD o Vox, han hecho de las autonomías su principal demonio y han propuesto su disminución de competencias o incluso su desaparición. A pesar de lo sesgado y tendencioso de este mensaje mucha gente a nivel estatal es receptiva a él y a las consignas en contra de las autonomías. Si lo combinamos con el visceral odio anti-catalán y anti-vasco tenemos el cóctel perfecto para un futuro mensaje de una fuerza populista y filofascista, que oculte bajo este mensaje sus verdaderas intenciones: reducir aún más el margen democrático de las instituciones del estado burgués y justificar la aplicación de planes de ajuste.

Nosotros creemos en la autonomía de los órganos de poder popular que constituyan la futura república de trabajadores. Una autonomía que dé a los ciudadanos la posibilidad de participar directamente en asuntos trascendentales como la gestión municipal del agua, servicios públicos, etc. Y que todos los cargos representativos estén sujetos a una rendición de cuentas periódica y puedan ser revocables en cualquier momento por sus electores por una consulta popular. Todo ello combinado con un control social y democrático de las empresas nacionalizadas por parte de los trabajadores y el reconocimiento del derecho de la autodeterminación de las naciones históricas del Estado, con la posibilidad de separación incluida.

El ámbito donde debe aplicarse la autonomía en un estado socialista debe ser a un nivel que garantice la participación directa de los trabajadores, es decir debemos fomentar la autonomía a nivel local y barrial tomando como base las estructuras que las masas forman de manera espontánea en el capitalismo para la lucha de sus intereses inmediatos. Al igual que el futuro Estado socialista va a surgir de la lucha revolucionaria de las masas, los apéndices de dicho estado deben ser los órganos que las propias masas constituyan para defender sus intereses e iniciar su contraofensiva.

Edgar Téllez, militante del Partido del Trabajo Democrático