¿Basta con perseguir a los corruptores? ¿O hay que luchar también contra los que corrompen?
Si ya estaban siendo escandalosos los sucesivos casos de corrupción (Bárcenas, Gürtel, Malaya EREs de Mercasevilla, Cajamadrid/Bankia), en los últimos meses hemos tenido mayores revelaciones aun con el caso Pujol y la última redada de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, en la que 51 políticos del PP y del PSOE fueron detenidos.
Prácticamente nadie está a salvo. Empresarios, políticos de varios partidos, dirigentes sindicales, etc., las listas de imputados no carecen de variedad. Pero no solo se trata de que las revelaciones de las distintas tramas sean cada vez mayores, sino de que la indignación popular al conocerlas también lo es. Y no es para menos. Cuando aun vivíamos bajo la ilusión del crecimiento económico (que no fue tanto ni para tanta gente), cuando aun la burbuja inmobiliaria permitía ciertas oportunidades de empleo (eso sí, en condiciones durísimas), cuando aun no nos habíamos hundido en la crisis económica capitalista, los principales partidos no se resentían demasiado en sus resultados electorales por los casos de corrupción. Pero ahora que el paro forzoso, los recortes o los desahucios degradan nuestras condiciones de vida y trabajo, esta corrupción ya no se nos muestra como un simple fallo superficial del sistema político y económico imperante, sino como un auténtico insulto hacia la mayoría popular y trabajadora.
La corrupción política
Se ha dicho varias veces que la crisis económica se está haciendo también política. No solo se han endurecido las medidas de los distintos gobiernos al servicio de empresarios y banqueros contra la mayoría trabajadora. También hemos visto cómo los distintos sectores del régimen se han ido destapando unos a otros sus distintas tramas de corrupción. El discurso de los hasta ahora principales partidos (PP y PSOE), que también son principales en cuanto a número de imputados, contra la corrupción también se ha endurecido. Desde las más altas esferas del Estado se habla de “regeneración democrática”. Sin embargo, debemos evitar dejarnos llevar por el júbilo ante la perspectiva de que “los ladrones vayan a la cárcel”.
En primer lugar debemos fijarnos en quiénes “destapan” las tramas de corrupción. Si observamos, por ejemplo, de quién provienen las órdenes de la recientemente denominada “operación Púnica”, vemos que es del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional. Un juez considerado hasta ahora próximo al PP y que en 1995 formó parte del gobierno de este partido en la Comunidad Valenciana, una de las “cunas” de la trama Gürtel. Y ello sin olvidar que tanto la Audiencia Nacional como la Guardia Civil (organismos ejecutores de la operación) son los que más han materializado la represión y criminalización de activistas y movimientos populares e incluso de gobiernos progresistas con la excusa de la “justicia universal”[1].
En segundo lugar debemos preguntarnos por qué estas tramas salen a la luz ahora y no antes. No es casual que se intensifiquen “operaciones” como las que hemos visto precisamente en momentos en los que el actual régimen político se muestra “al desnudo” como un régimen que tan solo responde a los intereses de una oligarquía de empresarios y banqueros. Incluso podríamos preguntarnos también qué intenciones de “regeneración democrática” puede tener un tribunal como la Audiencia Nacional que, siendo heredero del tribunal franquista de Orden Público, se ha negado sistemáticamente a investigar los crímenes del régimen fascista de Franco.
En tercer lugar, debemos ir más allá del discurso oficial acerca de la corrupción. Éste centra el problema en el hecho de que determinados individuos “tramposos” o “malvados” lleguen a puestos o cargos institucionales. Con ello, se pretende desviar la atención no solo del hecho de que son precisamente empresarios quienes sobornan a políticos corruptos, sino también de la estrecha vinculación entre los partidos que tienen a estos corruptos en sus filas y las políticas que estos partidos aplican en favor de los grandes empresarios y banqueros, en contra de la mayoría popular. La corrupción aparece así como un fenómeno individual y no social o institucional.
Con tales precedentes, no podemos confiar en que encarcelar a los corruptos y sustituirlos por los “honrados” vaya a solucionar los problemas económicos y políticos que son intrínsecos a este sistema. Un régimen que se basa en la protección de los privilegios de una oligarquía financiera y empresarial, incluso a costa de la gran mayoría popular y trabajadora, solo puede ser corrupto desde la raíz. En estas condiciones, encarcelar a los corruptos es como cortar una verruga. Tal vez desaparezca momentáneamente, pero volverá a crecer, incluso más grande aun. Por tanto, solo podemos ver estos llamados “contra la corrupción” o “por la regeneración democrática”, ciertamente como intentos de regeneración, pero no de la democracia, sino de un régimen oligárquico de empresarios y banqueros puesto en evidencia.
La corrupción sindical
Los partidos políticos no son los únicos salpicados por la corrupción. Los sindicatos mayoritarios también han sido “pillados infraganti”. Pero, al igual que con la corrupción política, debemos tener cautela al escuchar el discurso oficial acerca de la corrupción sindical.
Se habla, y con razón, de los efectos nocivos de las subvenciones a los sindicatos, así como de la burocratización de sus organizaciones. Sin embargo, antes de que la crisis económica capitalista agudizara los conflictos laborales y los problemas de ganancia empresariales, esto no parecía ser un problema para los empresarios. Eran momentos de cierta calma, de cierta paz social, y les convenía “mimar” a los dirigentes sindicales, a fin de que respetaran esa paz. Como buenos hombres de negocios, estos empresarios consideraban una buena inversión que sus empresas o su Estado financiasen la forma de vida de los burócratas sindicales, si con ello conseguían ahorrarse los costes que suponen la combatividad obrera y sindical.
Solo en este contexto podemos entender la entrada y la implicación de ciertos dirigentes sindicales en las distintas tramas. Solo podemos entender esto como parte de la política de sobornos de la oligarquía hacia algunos dirigentes sindicales, a fin de calmar las protestas y las luchas de las y los trabajadores.
Pero nuevamente el contexto actual de crisis económica y, cada vez más, política vuelve a ser clave para entender por qué estos casos se destapan ahora con tanta saña y antes no. Y no porque antes no hubiera motivos. Tanto sindicatos minoritarios como sectores más combativos de los sindicados mayoritarios llevan denunciando el burocratismo y la corrupción sindicales desde mucho antes de que ello fuese “descubierto” por los oligarcas empresariales y sus paniaguados. Proyectar una imagen corrupta de los sindicatos y del sindicalismo en general es útil a la oligarquía empresarial no solo para desviar la atención de los casos de corrupción que a ella también le afectan[2], sino también para tener un arma arrojadiza contra la posible radicalización del movimiento obrero y sindical ante los ataques constantes y crecientes contra los derechos de las y los trabajadores. Lo que a la oligarquía le molesta de los sindicatos no es la corrupción, ya que ella misma se ha encargado de corromper a algunos de sus dirigentes, sino precisamente que puedan actuar consecuentemente como sindicatos ante la agudización de los conflictos entre el capital y el trabajo.
Es necesario expulsar a los dirigentes corruptos y oportunistas de los sindicatos. Pero no podemos caer en la trampa discursiva de la oligarquía empresarial consistente en asociar la corrupción al sindicalismo en sí. Los sindicatos son organizaciones necesarias para la defensa de los derechos e intereses de las y los trabajadores en sus centros de trabajo. Más aun, son los espacios que, en primera instancia, permiten que trabajadoras y trabajadores de distintos oficios se organicen como grupo social, como clase, frente a sus explotadores. Su importancia no radica solo en su capacidad de resistencia, sino también de desarrollo de conciencia. Esto, naturalmente, entra en conflicto con el actual modelo sindical pactista. Pero a este modelo debemos contraponer un sindicalismo de clase, reivindicativo y participativo, no un rechazo del sindicalismo en general.
¿Cómo luchar contra la corrupción?
Decíamos más arriba que la corrupción se nos revela como un insulto que, ciertamente, no podemos consentir. No podemos permitir que queden impunes quienes no solamente nos explotan, no solamente aplican medidas políticas que deterioran nuestras condiciones de vida y trabajo, sino que, además, se burlan de nuestra situación. Pero, como decíamos más arriba, siendo el actual régimen político y económico un sistema basado en la subordinación de la mayoría del pueblo trabajador a una minoría de oligarcas empresariales y financieros, no puede esperarse que las medidas encaminadas a encarcelar o defenestrar de las instituciones a un puñado de corruptos vayan a solucionar un problema que está en el ADN del propio sistema. No podemos acabar con la corrupción limitándonos a perseguir a los corruptos. Es necesario acabar también con los corruptores. Como hemos visto, no se trata solamente de que a la corrupción política y sindical haya que añadir la empresarial, sino de que son precisamente empresarios quienes sobornan a políticos y sindicalistas corruptos, ya sea legal, ilegalmente o de ambas formas a la vez.
Es necesario controlar las fuentes de financiación de partidos y sindicatos, para poder evitar que se conviertan en correas de transmisión del régimen de empresarios y banqueros. Partidos y sindicatos deben financiarse ante todo con los recursos generados por sus afiliados, afiliadas y militantes, deben depender de su trabajo y no del interés que tal o cual oligarca pueda tener en ellos.
Pero un Estado que ha sido creado y configurado para sostener los privilegios de empresarios y banqueros, es decir, de los corruptos-corruptores, no puede llevar a cabo nada de esto. Necesitamos un cambio de régimen político, que permita el control democrático de la administración por parte de la mayoría popular, mediante organismos de control popular desde abajo, para combatir el surgimiento de corruptelas políticas. Necesitamos también un cambio de régimen económico para que sea la mayoría trabajadora y no un puñado de oligarcas quien tenga en sus manos los resortes fundamentales de la economía, mediante organismos de control obrero y planificación económica, para que ésta esté al servicio de las necesidades sociales y no del lucro de unos pocos. Necesitamos construir democracia, económica y política, para la mayoría. Solo así podremos luchar con éxito contra la corrupción, los corrutos y sus corruptores.
[1] Concretamente el propio Eloy Velasco en 2010 acusó abiertamente al gobierno Venezolano de colaborar con ETA y las FARC. Más allá de las complejidades de los conflictos colombiano y vasco, así como del proceso bolivariano (que no son temas de este artículo), queda clara la intencionalidad del juez en la criminalización del gobierno venezolano.
[2] El caso de Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE es, sin duda, el más ilustrativo.