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El acuerdo social no escapa de la esfera de dependencia de los intereses capitalistas. Para sus intereses inmediatos y generales, la clase obrera necesita algo más.

Recientemente se ha producido la firma de un acuerdo a tres bandas -sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT), las patronales (CEOE y CEPYME) y el gobierno central (PP)- por el que se pondrá en marcha un plan de ayuda -de 426 euros mensuales- a los trabajadores en situación de paro de larga duración, ligada a su orientación laboral y formación para la búsqueda activa de empleo en el mercado laboral.

No cabe duda de que se trata de un acuerdo por el que, en lo inmediato, las capas más desfavorecidas de la clase obrera y sus familias se benefician, pobremente -e insuficientemente, como lo ha calificado la propia CC.OO.-. Ligeramente palian su dramática situación de miseria, consecuencia del desempleo estructural causado por la crisis económica internacional que arrastra el régimen capitalista en el que vivimos. Y que tiene sumida a la fluctuante UE en una “montaña rusa” económica[1], por la que el Plan de Ayuda difícilmente podrá ser un mecanismo para que estos trabajadores desempleados puedan encontrar un empleo estable y en mejores condiciones, en el marco de la rentabilidad de los inversores privados y públicos, bajo la dirección política de los representantes de los empresarios y banqueros y, especialmente, de los grandes: la oligarquía.

Es un acuerdo endeble, en tanto en cuanto no emana ni se asienta sólidamente sobre la  movilización obrera y social. Que garantice no solo la consecución de éste sino que abra un camino para forzar mayores concesiones -que no dejan de ser caducas y reversibles en el marco del capitalismo, como las últimas tres décadas han demostrado- a los intereses y necesidades inmediatas de la clase obrera. Y, además, la insuficiencia también es perjudicial cuando este acuerdo supone un balón de oxígeno al desgastado Partido Popular. Un balón de oxígeno a menos de un año vista de un período de elecciones, cuyo desenlace parece situarse en un aparente cambio frente a los partidos de la austeridad -que preparan nuevos planes de recortes junto con la UE- y más directamente vinculados a las grandes corporaciones.

Las direcciones de las dos grandes centrales sindicales afirman que este plan es un jalón en el camino para conseguir la Renta Mínima Garantizada. Justa medida inmediata que asegure unos ingresos “básicos” para beneficio de las familias obreras, suavizando la dramática situación en la que son arrancados de sus puestos de trabajo -medios de obtención de sus medios de vida-.  Y que sirva como mecanismo para que puedan volver a su condición indispensable de trabajadores activos.

¿De qué manera es inviable en el sector privado? El sector privado se rige por la Ley de la Oferta y la Demanda y, ésta, se ve afectada por la anarquía productiva capitalista -no atiende a plan alguno en relación a las necesidades- en la que cada empresa produce con vistas a la obtención del máximo beneficio posible para poder competir frente a las demás y sobrevivir. Esto conduce inevitablemente a las crisis de sobreproducción, como la que actualmente seguimos sufriendo como consecuencia del “pinchazo de la burbuja” inmobiliaria. No se puede producir más porque hay un exceso que no puede venderse, por tanto disminuye la demanda de empleo. Esto les exige adoptar medidas encaminadas a la flexibilidad laboral -en base a la Flexiseguridad acuñada por la UE-, como la implementadas en las sucesivas reformas laborales. ¿De qué manera puede garantizar el empleo cuando solo podemos trabajar cuando hay trabajo? Ni la Renta Mínima ni el programa de reinserción pueden resolverlo de raíz.

Todos estos objetivos (y otros, como la mejora salarial) de nuestros sindicatos no escapan de la esfera de dependencia hacia los intereses de los inversores privados. Si en lo inmediato es una forma rápida de recuperar cierto bienestar para la clase, a largo plazo seguiría haciéndolo depender de la máxima rentabilidad que puedan alcanzar los inversores. Dicho de otra forma, seguiría supeditando el bienestar de la clase obrera a los intereses de la oligarquía.

Esto nos conduce a la reclamación de la inversión pública productiva desde el Estado para la creación de empleo en base al “interés general” de la sociedad española. Que el Estado intervenga creando las condiciones suficientes para garantizar el empleo, supeditando la renta mínima a que el Estado proporcione salidas de empleo a los parados.

La inversión pública bajo el régimen social de los empresarios y banqueros

¿Por qué la inversión pública, a pesar de poder beneficiar a la clase obrera, sirve fundamentalmente a empresarios y banqueros, y especialmente a la oligarquía?

La inversión pública supone una forma de intervención del mercado por parte del Estado, mediante el uso de cantidades dinerarias para invertirlas en un determinado sector o una parte del sector con un determinado objetivo. 

Este objetivo depende del carácter de clase del Estado, y bajo el capitalismo -en la fase de enorme concentración de capitales- quien principalmente lo dirige políticamente es la oligarquía. Por tanto, este Estado, en todas sus acciones, responde a sus intereses. Así se constata en un ejemplo de bastante actualidad; como es el Plan Juncker, que el Consejo Europeo aprobó recientemente, por el que crea “…una especie de banco que ayude a seleccionar proyectos y movilice dinero sin competir directamente con el sector privado” “No serán subvenciones, lo vamos a usar como si fuera capital riesgo. Se quitará incertidumbre y el sector privado puede entrar[2].

Por tanto, ¿para qué se utiliza y se ha utilizado históricamente el sector público por parte del Estado capitalista? Entre otros: para el desarrollo de las fuerzas productivas en un momento en que el capital privado no era o es capaz de afrontarlo, para posteriormente privatizarlas a éstos[3]; o para allanar el camino de las dificultades de la inversión inicial y la potencialidad de pérdidas o fracaso de proyecto, eliminando incertidumbre al mercado. Al fin y al cabo se trata de crear un marco más favorable y seguro de inversión para la burguesía, principalmente la oligarquía -dado que es la que dispone de la concentración de capitales suficiente para afrontarlo.

Por tanto, la creación de empleo seguirá dependiendo de la rentabilidad que puedan obtener los oligarcas y, por tanto, su disposición a invertir[4]. Para la clase obrera este problema es posible controlarlo en cierto grado, pero no superarlo completamente en este marco. Para que todos los planes de ayuda a parados y de creación de empleo sean efectivos y estables, la reivindicación económica y política -justa e inmediata-, de los obreros y obreras, debe situarse en la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Que permitan, desde la condición indispensable del control democrático obrero, una gestión económica dirigida a los intereses de la mayoría de la población; que empiece a situar la producción social dirigida a la satisfacción de las necesidades objetivas humanas mediante el fruto de su trabajo. Lo que supone el control público desde los capitales a invertir o de financiación de los proyectos económicos hasta la distribución de los productos, pasando por los sectores productivos industriales fundamentales para la sociedad y su bienestar. Y en este control, la clase obrera debe tener un papel esencial y de profundización democrática de la sociedad.

Ese papel esencial de la clase obrera procede de su centralidad en la producción capitalista. Desde su posición social produce bienes y servicios para su consumo en la sociedad. Sobre lo que produce se ha erigido el progreso social. Es artífice de ello y a la par le es arrebatado. Es la principal interesada en que todo ese progreso alcanzado por la humanidad sea puesto al servicio realmente de las necesidades de la humanidad y no al servicio de una minoría. Por ello la lucha por la conquista de estas reivindicaciones inmediatas requiere de la acción conjunta de la clase obrera, de su acción política. Y ésta precisa de organización de clase, pero no de cualquiera. La clase obrera debe organizarse en y entorno a su partido político para la conquista de sus intereses políticos, sociales y económicos que tiene como clase, encarnado en el Partido Comunista que debemos de reconstituir en España.  

A pesar de ello, la consecución de estas reivindicaciones en la articulación de una economía de inversión pública, con la caracterización indicada, que atienda a los intereses de la clase obrera y las necesidades del conjunto de la humanidad en el marco del capitalismo, se antoja limitada en las formas, en alcance y en tiempo.

La solución que definitivamente garantiza el empleo y digno: El socialismo

¿Por qué no se puede articular en toda su magnitud esa economía pública en el marco del capitalismo?

Debemos ser conscientes de que para este régimen económico, político y social, la producción tiene por objeto la consecución del máximo beneficio privado posible, como necesidad de una determinada clase social; no la cubrición de las necesidades del conjunto de la humanidad. Es una Ley fundamental del mismo. Este beneficio privado procede de la venta de mercancías en el mercado. Éstas son fruto del trabajo conjunto de los trabajadores de cada fábrica; y el mercado pone en competencia los productos de los diferentes empresarios. El que logre producir a menor coste tendrá una ventaja con respecto al resto. Y en la competencia a la que les somete el mercado capitalista, el que no logre producir a menor coste que sus contrincantes se verá obligado a cerrar; a perder su posición social privilegiada, por la que posee los medios de producción y explota a sus trabajadores, y pasará a formar parte de los explotados. Por tanto, es una cuestión vital para conservar su posición social en la competencia contra los restantes empresarios; necesitan explotar más y más a la clase obrera.

Durante la crisis económica los oligarcas europeos han perdido terreno en la competencia del mercado internacional frente a los países que forman parte de los BRICS[5] e, indudablemente, la recuperación de su posición predominante -tras EE.UU.- está completamente reñida, en el presente, con la mejora de los condiciones laborales de los trabajadores españoles, en particular, y europeos, en general. Y, de la misma forma, está reñida con la profundización democrática que permita el desarrollo de la soberanía popular para que ésta tome las riendas no solo de la economía sino de la sociedad en su conjunto.

No debemos perder de vista que, mientras siga imperando como lema de cabecera de la sociedad el máximo beneficio privado y la competencia, no estará garantizado el bienestar de la clase obrera porque dependerá totalmente de las decisiones que adopte la oligarquía para su supervivencia como componentes de esta clase social. De la propia constitución del régimen social y de sus inmensas propiedades para la producción, de su capital, emana este poder político. Y, a la par, ejercen este poder político -bajo diferentes formas- para sobrevivir en la vorágine de las leyes intrínsecas a su propio régimen social y frente a la clase social que oprimen y explotan. Es por ello que opusieron, oponen y opondrán resistencia, con todos los medios a su alcance -económicos, políticos, militares, etc.-, a la consumación de todas aquellas reivindicaciones económicas, políticas y sociales que benefician a la clase obrera y les perjudica. Para ellos es inadmisible la existencia de empresas nacionalizadas con el control democrático obrero y harán todo lo posible porque sean derrotadas. El propio mercado capitalista servirá como arma arrojadiza contra éstas; al igual que los mecanismos de su Estado capitalista servirán para tratar de revertirlas: cambiando gobiernos, imponiendo otras formas de gobierno, etc.

La clase obrera, organizada en torno a su partido político, debe conquistar la democracia para el conjunto de la sociedad e, inevitablemente, exige la toma del Poder como única vía para garantizar el cambio de la leyes de funcionamiento de la sociedad; pues solo así será posible orientar la economía hacia la cubrición de las necesidades objetivas de todos sus ciudadanos.

 


[1]                Se acerca a su tercera recesión y como reconoce el propio Ignacio Toxo: “Ocho años después del estallido de la crisis, la eurozona es el enfermo de la economía mundial, un enfermo crónico que no es capaz de salir del estado de postración en que se encuentra” http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:748629–CCOO_analiza_la_economia,_el_empleo_y_el_acuerdo_para_las_personas_en_paro_de_larga_duracion

[2] Jean-Claude Juncker es el Presidente de la Comisión Europea y defendió su Plan Inversor en el Parlamento Europeo argumentando que “Lo que se necesita es atraer dinero, crear un nuevo mecanismo, una garantía que pueda propulsar nueva inversión” http://www.elmundo.es/economia/2014/11/25/5474e465268e3e36568b458a.html

[3] Empresas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Indra o Ensidesa (actual Arcelor-Mittal).

[4] Esta afirmación se encuentra simplificada para el entendimiento del artículo dado que no tiene en cuenta que hay inversiones para el desarrollo tecnológico y organizativo de la producción que pueden provocar el aumento de la productividad y, por tanto, la destrucción de empleo.

[5] Engloba a los países con un importante crecimiento económico y que está reduciendo las diferencia con respecto a los principales bloques económicos internacionales (EE.UU., UE y Japón). Lo componen (del cuyas primeras letras se obtiene el acrónimo): Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.