El PTD propone en su Programa Político la necesidad de organizar las reivindicaciones de la clase obrera.
La política neoliberal que siguen los gobiernos de la oligarquía española dirige sus garras directamente contra las condiciones laborales de los trabajadores, intentando por todos los medios abaratar el coste en la compra de la fuerza de trabajo mientras los beneficios de los capitalistas crecen escandalosamente. Para este objetivo, los monopolios realizan procesos de deslocalización, buscando mano de obra barata; provocan flujos de inmigración con el mismo objeto; reparten unas pocas migajas entre ciertos dirigentes sindicales para que consientan contrarreformas laborales; promueven la firma de contratos individualizados en lugar de atender los convenios colectivos; se precariza todo el mercado laboral; se abarata el despido; se mantiene un alto nivel de paro; etc. A todo ello se le une la pérdida de servicios públicos y el empeoramiento del acceso a derechos sociales, como la vivienda; y aumentan de manera preocupante los accidentes de trabajo. Esta situación empeora drásticamente las condiciones de vida y laborales de los trabajadores; pero, a la vez, provoca cierto movimiento reivindicativo aún muy disperso y espontáneo.
El objetivo de este frente de lucha es la organización de la resistencia y de la reivindicación obrera, la unidad de la clase en torno a objetivos inmediatos y a necesidades objetivas, como acumulación de fuerzas de cara a su organización y concienciación en torno a objetivos políticos necesarios más generales. Para ello, el sindicalismo como forma primaria de acción y de organización de los trabajadores debe recuperar el carácter de clase (asambleario, solidario, sociopolítico,…) que hizo posible las conquistas sociales del siglo pasado. Hay que fortalecer los sindicatos depurándolos de elementos oportunistas y vendidos al capital, reuniendo las diversas expresiones del sindicalismo combativo y participativo en un Frente Sindical de Clase.
Hay que marcarse como prioridades: la organización del sindicalismo de clase; la unidad obrera; la participación de los trabajadores en la aprobación, proposición, control e inspección de las leyes laborales; la lucha contra el trabajo precario; la lucha por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios; la defensa de los servicios públicos; la igualdad de todos los trabajadores; y la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
1 Sobre el Nuevo Estatuto de los Trabajadores.
El Estatuto de los Trabajadores supuso una renuncia al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. El mismo abrió el camino a sucesivas reformas y contrarreformas que fueron profundizando la pérdida de derechos económicos, sociales y laborales. En las condiciones actuales se necesita la derogación del viejo estatuto y de sus múltiples reformas y la creación de un nuevo Estatuto Obrero que mejore las condiciones de vida y laborales de todos los trabajadores. Este nuevo Estatuto Obrero deberá tener rango de ley marco. En relación exclusiva con el mercado laboral, como propuesta mínima, debería incluir:
1.1 Reducción de la jornada de trabajo a un máximo de 35 horas semanales, sin pérdida salarial, avanzando en la implantación de la jornada continua. Revisión y control por los representantes de los trabajadores de las jornadas especiales (trabajos insalubres, contratos de aprendizaje, etc.).
1.2 Prohibición de las horas extraordinarias.
1.3 Prohibición no pactada con los afectados de la movilidad geográfica y funcional.
1.4 Prohibición de los contratos individuales fuera de los convenios colectivos.
1.5 Transporte público o de empresa gratuito entre el domicilio y el puesto de trabajo.
1.6 35 días de vacaciones anuales.
1.7 Igualdad salarial entre hombres y mujeres, así como entre trabajadores autóctonos y trabajadores inmigrantes.
1.8 Indemnizaciones por despido como mínimo de 55 días por 42 mensualidades.
1.9 Jubilación a los 60 años con el 100% del salario y jubilación parcial voluntaria a partir de los 55 años.
1.10 Aumento lineal de los salarios hasta recuperar el poder adquisitivo conquistado por el movimiento huelguístico de los años 1970-80. Cláusula de revisión salarial para todos los trabajadores, según un Índice de Precios al Consumo basado en la cesta de la compra del sector de rentas mayoritario entre los trabajadores asalariados.
1.11 Elevación del Salario Mínimo Interprofesional a una cuantía que permita cubrir las necesidades básicas del trabajador, por debajo del cual no podrá haber ningún contrato o pensión.
1.12 Pensiones equiparables a los salarios reales de los trabajadores activos.
1.13 Prohibición de las Empresas de Trabajo Temporal.
1.14 Eliminación de las contratas y subcontratas en la actividad habitual de las empresas y, mientras tanto, aplicar a sus trabajadores el convenio de la empresa principal, independientemente del sector al que pertenezcan.
1.15 Reducción de las modalidades de contratos laborales.
1.16 Financiación de la seguridad social exclusivamente por medio de las cuotas empresariales calculadas según las necesidades de la misma.
1.17 Recuperación del Servicio Público de Empleo.
1.18 Seguro de desempleo a todas las personas sin trabajo hasta que el Estado les proporcione un puesto de trabajo acorde con su profesión, bajo el control e inspección de los Consejos de Trabajadores.
1.19 Planificación, fomento, inspección y control de la salud laboral en el trabajo.
1.20 Formación profesional a cargo de las empresas y computable como horas de trabajo
1.21 Adecuación del puesto de trabajo por condiciones físicas o psíquicas siempre que sea posible, evitando la discriminación.
1.22 Conciliación de la vida laboral y familiar, adaptando los horarios laborales de enseñanza, y comerciales.
1.23 Permiso retribuido de 12 a 18 meses (según necesidades causadas por parto o familiares) para la lactancia o adopción, a la madre o al padre.
2 Sobre los derechos.
La mayoría de las restricciones de los derechos democráticos que se han ido realizando durante los últimos años, han ido destinados a acabar o limitar el movimiento obrero reivindicativo. Es una necesidad democrática recuperar los derechos perdidos o eliminar sus limitaciones. Por ello, proponemos estas medidas:
2.1 Reconocimiento del derecho de huelga sin restricciones (siendo fijados los servicios mínimos realmente necesarios por los representantes de los trabajadores), al igual que los derechos de manifestación, reunión libre y expresión política en las empresas.
2.2 Reconocimiento del derecho a la negociación colectiva a todos los trabajadores asalariados. Serán prioritarios los convenios estatales de sector que frenen la individualización de los contratos, y que unifiquen y reduzcan la atomización.
2.3 Tendencia a la unificación de los actuales convenios de sector y territoriales hacia un convenio único de ámbito estatal con garantías de control y participación de los trabajadores.
2.4 Reconocimiento del derecho de libertad de acción sindical en todas las empresas sin limitaciones.
2.5 Derogación de todas las reformas y leyes laborales regresivas.
2.6 A igual trabajo, igual salario.
3 Sobre las organizaciones de trabajadores.
En España existe un gran lastre de falta de democracia para la mayoría de la sociedad. Esa inmensa mayoría son los trabajadores asalariados que en estos momentos no disponen de organismos de gestión, control e inspección de leyes y medidas laborales y económicas que les afectan directamente. Por otro lado, las empresas y el Estado capitalista tratan de comprar a los sindicatos, a través de diversas formas de financiación, para que éstos desmovilicen a los trabajadores, llegando algunos dirigentes a actuar como administración o empresa en lugar de como representante de los trabajadores. Por estas razones proponemos:
3.1 Recuperación de todos los derechos sindicales vulnerados en los últimos años. Ampliación de los créditos horarios para los delegados y también para las asambleas de trabajadores que sean necesarias.
3.2 Obligatoriedad de la toma de decisiones en asamblea de trabajadores cuando los asuntos requeridos afecten al conjunto de los trabajadores.
3.3 Derecho de revocación de los delegados sindicales, de comités de empresa o juntas de personal, por sus electores.
3.4 Representación de, al menos, el 51% de representantes de los trabajadores en los Consejos de Administración de las empresas nacionalizadas, bajo el control de los comités de empresa y las asambleas de trabajadores, teniendo estas últimas el poder de revocación de sus representantes.
3.5 Prohibición de la financiación y subvención de las centrales sindicales, así como de las organizaciones empresariales, por parte de los organismos públicos y las empresas.
