La alternativa al sistema capitalista requiere propuestas de programa concretas. El PTD propone la nacionalización con control obrero de las grandes empresas y la progresividad fiscal directa sobre la grandes fortunas y capitales.
La situación actual es nefasta para los intereses de los obreros y las capas populares. Diariamente van empeorando sus condiciones de vida; los precios de los productos de primera necesidad aumentan a un ritmo muy superior al que lo hacen los salarios; el escandaloso elevado precio de la vivienda y tipos de interés bancario para las hipotecas con respecto a los menguantes salarios hace muy difícil el acceso a ella por parte de los trabajadores, que con la extensión del trabajo eventual se provoca un empeoramiento galopante de las condiciones de vida. Esto obstaculiza el ejercicio de la soberanía popular y la participación política para la mayoría de la población. Mientras tanto, las grandes empresas y los grupos bancarios anuncian mensualmente nuevas marcas en sus beneficios, que no repercuten en el bien de la mayoría del pueblo. Pero en la dinámica de la exportación de capitales de la oligarquía española y en la política de convergencia con los monopolios europeos, se ha minado el tejido económico. La ofensiva neoliberal es acompañada por un proceso de desmantelamiento del sector público y por la rentabilidad financiera impuesta como norma. Las medias económicas que proponemos van encaminadas a romper con la dictadura de los monopolios y la oligarquía financiera, asegurar la gestión democrática de las empresas públicas y nacionalizadas, medidas que aseguren el pleno empleo y las necesidades básicas de la población, construir una economía española próspera e independiente que pongan las bases para la transformación social En la actualidad es necesario reconstruir el tejido económico público en beneficio del pueblo, dando un impulso reindustrializador que dé la vuelta a las reconversiones, reestructuraciones y deslocalizaciones del capital monopolista mediante las nacionalizaciones y con una hacienda pública que grave al que más tiene; una política de nacionalizaciones que sirva al Estado democrático para obtener recursos económicos con los que paliar el deterioro social y financiar nuevas medidas sociales. Pero tenemos que comprender que las nacionalizaciones bajo el capitalismo tienen sus límites, pues el progreso social y democrático no podrá ser satisfecho bajo el capitalismo, solamente será llevado a cabo con la propiedad socialista de los medios de producción y de cambio. Aún así, un proceso de nacionalizaciones reivindicado por el movimiento obrero y popular puede representar cierta democratización en la vida económica al poner al descubierto los límites del capitalismo y al servir de escuela para la clase obrera con las labores de gestión, control e inspección, para aprender a dirigir la futura sociedad socialista.
Nacionalizaciones: formación del sector económico público.
El alto grado de desarrollo alcanzado ya por el capitalismo en España, tanto en el sistema bancario como en las ramas industriales formando grandes empresas monopolísticas, y la desorganización económica y anarquía productiva que provocan, exigen el control público y estatal de la producción y la distribución de los productos más importantes, exigen, por tanto, la nacionalización de los bancos y de las grandes empresas, formando un sector económico público que beneficie con su gran socialización y desarrollo a toda la sociedad, en vez de sólo a unas pocas manos privadas, poniendo la base de la futura democracia económica. Para conseguir este objetivo nosotros proponemos las siguientes medidas:
1.1 Nacionalización de todas las grandes empresas y monopolios de producción y distribución de productos.
1.2 Nacionalización de los grandes bancos, financieras y otros organismos de crédito con dimensión internacional, manteniendo su independencia en relación al Banco Central Europeo. Control por el Estado de los flujos de circulación y exportación de capitales.
1.3 Nacionalización de las empresas de producción energética, primaria o de transformación, y de las redes de distribución.
1.4 Todas las empresas de dimensión internacional realizarán una estrategia económica de colaboración y respeto por las decisiones económicas del país en el que estén asentadas y por el desarrollo del mismo.
1.5 Red pública de transporte ferroviario, marítimo, de aviación civil y por carretera; de la misma manera, se nacionalizarán y se gestionarán públicamente puertos, aeropuertos y autopistas.
1.6 Asegurar el servicio público de correos y telecomunicaciones.
1.7 Nacionalización de la industria y distribución de productos farmacéuticos y sanitarios.
1.8 Nacionalización de las grandes empresas constructoras.
1.9 Nacionalización de las empresas armamentísticas, que debe condicionarse a las necesidades de la defensa de la soberanía nacional y de la voluntad popular.
1.10 Control por parte del Estado de los precios de los productos de primera necesidad.
1.11 Control y gestión por los municipios de las redes de distribución de agua, saneamiento, electricidad, telefonía, cable, transporte; servicios públicos de limpieza, basuras y entierros.
1.12 Creación de un Consejo Central de Trabajadores, al igual que en las comunidades y municipios, elegido democráticamente por los trabajadores asalariados, que entienda sobre la proposición de leyes laborales, el control y la inspección.
1.13 Todas las empresas nacionalizadas tendrán en sus consejos de administración la participación decisiva de los trabajadores de esas empresas y del Consejo Central de Trabajadores.
1,14 Control de la gestión e inspección de las empresas nacionalizadas por parte de los comités de empresa y por el Consejo Central de Trabajadores.
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Organización de la hacienda pública.
El desarrollo económico público y de los servicios públicos precisan de una organización de la hacienda eficiente; a la vez, la democracia exige su plena transparencia. La situación actual indica que las rentas empresariales superan ya con creces a las rentas del trabajo, siendo los trabajadores la inmensa mayoría de la población española. Para hacer efectiva la democracia se necesita la organización de la hacienda pública sobre bases progresivas, pagando más quien más tiene y haciendo revertir una parte de los beneficios empresariales, conseguidos a costa del trabajo de los obreros, a la sociedad. Para ello se propone:
3.1 Negativa al pago de la deuda privada de los bancos y entidades financieras por parte del Estado. Derogación de la prioridad que otorga la Constitución vigente al pago de la deuda pública a los acreedores.
3.2 Establecimiento de un impuesto general directo y progresivo sobre la renta y la herencia igual a todos los ciudadanos y empresas del Estado español, sin privilegios por razones territoriales o antiguos fueros medievales.
3.3 Impuesto especial sobre las grandes fortunas; desarrollo del impuesto sobre el patrimonio, especialmente sobre la posesión de suelo urbanizable y bienes inmuebles sin uso efectivo. La hacienda pública debe nutrirse principalmente de los que más ganan y de los beneficios de las grandes empresas.
3.4 Exención total de impuestos a las capas más desfavorecidas.
3.5 Derogación del IVA y de todos los impuestos que repercutan directamente sobre todas las capas populares. Creación de un impuesto especial sobre los artículos de lujo y herencias.
3.6 Reglamentación de la estadística y de la inspección de acuerdo con organismos de control popular y los representantes de los trabajadores.
