Continuamos con la publicación de nuestro programa. Hoy abordamos las propuestas del PTD sobre la cuestión del estado y la democracia.
La monarquía parlamentaria es la forma del Estado en la España contemporánea; la forma de Estado que se adapta actualmente a las necesidades de la gran burguesía, la oligarquía financiera, que domina el Estado español. Cabe destacar que, a diferencia de la inmensa mayoría de los países europeos, en España no hubo una ruptura con el anterior régimen fascista. La monarquía es por lo tanto heredera directa del franquismo, y la monarquía parlamentaria actual no fue sino una mera reforma del entramado burocrático, ideológico y militar. Sigue representando los intereses de la misma oligarquía financiera que impulso el golpe militar contra el régimen democrático del 14 de Abril de 1931 y sostuvo la terrible dictadura fascista durante 40 años, ahora ejerce su dominio bajo otras formas. La monarquía es una forma profundamente antidemocrática, pues a ella se le asignan privilegios y derechos especiales sobre una jefatura vitalicia del Estado sin elección ninguna, la herencia sobre el poder, la promulgación de las leyes, la falta de responsabilidad y una importante partida presupuestaria, entre otras. Por eso, todas las fuerzas y movimientos democráticos concluyen necesariamente en abogar por la proclamación de la República con todo su componente de decisión de todo el pueblo en los asuntos públicos.
El capitalismo se ha vuelto incompatible con la democracia, incluso en su versión liberal burguesa. Por ello, la consigna que mejor condensa las aspiraciones de todo el pueblo trabajador para emanciparse del dominio de la oligarquía es la República Democrática. Además, la unión del déficit democrático heredado de la transición y la política neoliberal de carácter reaccionario, que provoca una involución en los derechos, exigen poner al orden del día la necesidad de una República Democrática que suponga la ruptura democrática radical con el régimen monárquico y su herencia fascista y que garantice la soberanía popular sobre todos los estamentos del estado y que garantice la participación de los obreros y las capas populares en la política, los cuales podrán comprender en el desarrollo republicano los límites de obtención de mejoras democráticas, económicas y sociales, de una república democrática bajo el capitalismo, límites que sólo podrán sobrepasarse con la revolución socialista.
La democracia y la soberanía popular en la política precisa, para ser aplicada, de un desarrollo democrático en la economía, a la vez que de mejoras sociales de subsistencia, en otro caso nacerá castrada, menoscabando derechos, libertades e igualdad.
Por una democracia popular y participativa.
La soberanía de la República Democrática debe residir en el pueblo, del cual emanarán todas las instituciones y las decisiones políticas, económicas y sociales. Esta es la esencia de la democracia, del poder popular. Para ejercer esta democracia será necesario desarrollar una movilización masiva y permanente de todo el pueblo trabajador, para poder ejercitar sus derechos y sus deberes de gestión, control e inspección, de sufragio pasivo y activo, de revocación de incompetentes o indeseables. En nuestros días, la democracia se limita a ejercitar el derecho de voto cada cuatro años en cada una de las elecciones territoriales, sin ningún derecho de control sobre los cargos electos, alejando más y más al pueblo de la política. Con la República Democrática podremos empezar a aprender los obreros y las capas populares a dirigir directamente nuestro propio destino. Y nosotros proponemos:
1.1 Proclamación de la República Democrática, elección de una Asamblea Constituyente y promulgación de una Constitución democrática que derogue todas las instituciones monárquicas y herederas del pasado fascista de España; que condene, a su vez, a los criminales y responsables del franquismo, y repare a los asesinados, represaliados y reprimidos por el régimen dictatorial.
1.2 Todo el poder del Estado estará en manos del pueblo, como la expresión de su soberanía. La soberanía popular se reflejará tanto en el poder ejecutivo, como en el legislativo y el judicial; el pueblo elegirá a sus representantes por sufragio universal en todos los niveles (locales, de comunidad y estatales), los cuales formarán una asamblea popular y podrán ser revocados en cualquier momento por mayoría de sus electores,.
1.3 Todas las elecciones a todos los órganos de gobierno se resolverán por el sistema de proporcionalidad integral. Los representantes del pueblo recibirán una retribución que como máximo se corresponderá con el salario medio de un trabajador asalariado.
1.4 Elección por la asamblea legislativa del gobierno y de una presidencia de la República colegiada.
1.5 Unidades electorales de distrito o barrio en las ciudades y poblaciones y por proximidad geográfica en las zonas rurales, que posibiliten el acercamiento del pueblo a sus representantes electos y a la política. Derecho de control democrático y popular por parte de asambleas de barrio o distrito, las cuales tendrán el deber y el derecho de realizar propuestas y de información, seguimiento y control.
1.6 Órganos ejecutivos y de gobierno colegiados, elegibles por las asambleas populares, y responsables ante ellas a todos los niveles (local, regional, estatal).
1.7 Derecho de consulta popular y referéndum con carácter vinculante. Progresivamente se incorporará un paso previo de discusión y enmendado en las asambleas de barrio o distrito de las medidas o leyes sometidas a este derecho.
1.8 Plena igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su sexo o preferencia sexual, raza o etnia, opción religiosa o nacionalidad, con la libertad ilimitada de conciencia, palabra, prensa, reunión, huelga y asociación. Derogación de todas las leyes que impidan o limiten la realización efectiva de cualquiera de estas libertades y derechos.
1.9 Para evitar corruptelas, se creará un departamento bajo control popular que vigile, investigue y persiga.
Sobre el derecho a la autodeterminación nacional.
Abogamos por la unión voluntaria y la alianza fraternal de los proletarios de todos los países y naciones. Pero la unión de naciones precisa de una base verdaderamente democrática e internacionalista, tiene que reconocerse su necesidad para conseguir la unión libre de los explotados frente a los explotadores. Es una necesidad y una reivindicación democrática el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones. Por un lado, los obreros y obreras de la nación opresora lucharán contra la retención sin voluntad como elemento de solidaridad de clase, para no provocar la desunión de la clase obrera, echando a ésta en manos de los intereses burgueses nacionalistas. Por otro lado, la clase obrera de la nación oprimida promoverán la unidad de todo el proletariado para luchar juntos por una política independiente de la clase frente a la opresión y explotación burguesa y frente al engaño nacionalista burgués y pequeño-burgués. Por último, los comunistas fusionados de la nación opresora y la oprimida, observando los intereses del movimiento proletario revolucionario por el socialismo, apreciaremos de modo independiente la conveniencia o no de la separación de una nación u otra, en un momento u otro, poniendo en guardia a los trabajadores para que no se dejen engañar por la burguesía nacionalista de la nación opresora o de la oprimida. El proletariado debe desenmascarar a los oportunistas que denuncian la opresión de las naciones por potencias imperialistas, pero no de las oprimidas por su propia nación; también a esos otros que proponen la federación sin considerar realmente el derecho a la separación; y a los que colocan por encima de la unidad de la clase obrera, la defensa del interés nacional, aliándose así con la burguesía nacionalista. Proponemos los siguientes objetivos:
2.1 Plena igualdad de derechos de todas las naciones que componen el actual Estado Español, incluyendo el derecho de autodeterminación, o sea, el derecho de separación y constitución de un Estado independiente. Constitución de la forma de Estado (federal, unitario, etc.) sobre la base de la soberanía y los intereses nacionales y populares. El Estado desarrollará la descentralización de la administración local y autonómica regional, pero asegurando el desarrollo de la industria, los servicios y los transportes para todos. Derogación de los cargos de Delegado del Gobierno.
2.2 Eliminación de todas las desigualdades que imponen las todavía existentes exenciones fiscales forales. Lucha en todos los ámbitos contra los desequilibrios económicos y sociales, asegurando el co-desarrollo regional.
2.3 Derecho de la población a recibir instrucción en su lengua materna, garantizando mediante la creación, a cargo del Estado, de las comunidades y municipios de las escuelas o recursos necesarios para ello; derecho de todo ciudadano a hacer uso de su lengua materna ante la Administración y en la vida pública, eliminando la obligación del uso de cualquier lengua.
2.4 Fomento y desarrollo de la cultura unificada de las clases populares en todo el estado, sin menoscabo 29 de las peculiaridades de cada comunidad o localidad.
