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Continuamos con la exposición del programa del Partido, en esta ocasión ofrecemos nuestras propuestas en torno a la represión, la coacción y el control ideológico que el sistema ejerce sobre la clase obrera y la población en general.

3. Sobre los aparatos coercitivos.

El Estado se dota de aparatos represivos como elemento fundamental para mantener el poder de la clase dominante. El Estado de la burguesía monopolista en España, en la actualidad, mantiene todo un entramado de cuerpos profesionales expertos en el mantenimiento del status quo y de la represión: Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas, CNI, etc. La versión oficial es que la función de estos cuerpos es servir y proteger al ciudadano frente a rufianes y malhechores que pretendan perturbar su tranquilidad, la realidad es bien distinta. Los cuerpos represivos se ocupan de, por una parte, la represión de los elementos marginados de la sociedad que se han visto, en mayor o menor medida, abocados a la delincuencia; y, por otro lado, a la represión política de la disidencia. La actual crisis económica y las medidas antipopulares que los sucesivos gobiernos están tomando con el fin de que la salida de la crisis se realice a costa de nuestros derechos está provocando una crisis social en el Estado de dimensiones desconocidas. El aumento del paro, la desprotección social y la marginalidad provocan a su vez un aumento progresivo de los delitos de carácter económico, pequeños hurtos, contrabando, trafico de drogas “al por menor”… Por su parte también ha venido provocando un aumento de la protesta social y política de determinadas capas de la población, movimientos antidesahucios, conflictos laborales, luchas por la sanidad y educación pública, contra las privatizaciones… 

Es por ello la necesidad de la oligarquía de contar con nuevas leyes represivas que garanticen que nadie, de una manera u otra, pretenda cuestionar sus privilegios. Anteriormente contaban con leyes tales como la Ley de Partidos o la Ley Antiterrorista. Ambas leyes se crearon con la intención de reprimir al movimiento popular vasco y hacer frente a la actividad armada de ETA, permitiendo dichas leyes ilegalizar multitud de organizaciones sociales y políticas en el País Vasco, encarcelar a centenares de sus militantes por cuestiones exclusivamente políticas, así como dictar condiciones de detención draconianas para los acusados de delitos de “terrorismo” (incomunicación durante 5 días sin derecho a ver a un abogado), lo cual producía un indudable favorecimiento al desarrollo de torturas y malos tratos durante su periodo de detención, pero su aplicación fue generalizada en todo el estado. Actualmente, la reforma del Código Penal refuerza la doctrina de la llamada “doctrina de la seguridad ciudadana”, llegando hasta el punto de contemplar penas de cárcel por el hecho de convocar o dar difusión a una manifestación “no autorizada” por las redes sociales. 

Por su parte la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como “Ley Mordaza”, refuerza esta política en el sentido económico poniendo multas de hasta 6000 euros por “insultar a un policía”, así como la Ley de Seguridad Privada, que transfiere la potestad para pedir documentación, hacer registros e incluso detener en la vía pública a los servicios privados de seguridad, lo cual significa una privatización en toda regla del supuesto monopolio estatal para ejercer la represión. Así mismo la represión se ceba cada vez más en la protesta social, se suceden los “montajes policiales” cuyo fin es criminalizar y justificar la represión de los movimientos sociales, dirigentes estudiantiles, sindicalistas y activistas sociales han sido confinados durante semanas, e incluso meses en “prisión preventiva” bajo la alegación, de dudoso carácter jurídico, de “alarma social”. Por su parte, en las cárceles del Estado Español hay multitud de presos políticos de distinta índole, “legalizados” estos por tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional (sucesor del Tribunal de Orden Público franquista), que tendrá que desaparecer. 

La represión se ensaña a su vez con los más desamparados , vemos como día a día la policía realiza redadas indiscriminadas contra inmigrantes irregulares de forma infamante, para después confinarlo en una especie de Campos de detención (CIEs) donde son encerrados durante semanas sin supervisión judicial alguna esperando a que se tramite su deportación. En cuanto a los crímenes socioeconómicos vemos la doble vara de medir, mientras se condena a años de prisión a personas por sustraer alimentos de primera necesidad, vemos 30 cómo empresarios, banqueros y aristócratas, incluida la monarquía, evaden de distintas formas la “acción de la justicia”. Eso nos lleva a hacernos una pregunta ¿Justicia para quién y para qué? Los derechos democráticos son violados ya desde la base, pues la soberanía popular que debe recoger la democracia no alcanza a los aparatos represores, a la judicatura, a la policía y al ejército; no dando ninguna posibilidad de control, elección y revocación de jueces y fiscales y mandos policiales y militares, y manteniendo la organización policial y militar fuera del alcance del pueblo. Por todo ello, para dar un vuelco democrático, proponemos las siguientes medidas: 

3.1 Elegibilidad de los jueces, fiscales y todos los funcionarios de libre designación, tanto civiles como militares, por el pueblo, y elegibles tras cualificarse técnicamente según dictamine el Estado, entendiendo la accesibilidad absoluta a este tipo de cualificación Además, se establecerán elementos de control objetivos para evaluar el trabajo y desempeño de los mismos. Por otro lado, el pueblo también contará con el derecho a destituir a cualquiera de ellos en todo momento, por decisión de la mayoría de sus electores, y en base a los elementos de control anteriormente mencionados. 

3.2 Sistema judicial basado principalmente en tribunales y jurados populares elegidos por el pueblo y revocables; asegurando la gratuidad total de la justicia y acercando la justicia al pueblo, organizando distritos jurisdiccionales más pequeños. La implantación de los jurados populares se hará de manera gradual, conforme los ciudadanos vayan siendo instruidos y aprendan los conocimientos jurídicos necesarios para formar parte de ellos. Esta formación será obligatoria para todas las personas mayores de edad. 

3.3 Control democrático por las organizaciones obreras y populares sobre la policía y el ejército como paso hacia su sustitución por el armamento de todo el pueblo, con elección y posibilidades de revocación de los cargos policiales y militares. Se abonará a los obreros y empleados la remuneración que corresponda por el tiempo dedicado a la función pública en la milicia popular. 

3.4 Todos los miembros de la milicia popular deben beneficiarse de los derechos ciudadanos plenos, incluidos el derecho de asociación sindical y política. Hasta la consecución de la milicia popular, todos los miembros pertenecientes al ejército y las diversas policías deben poder ejercitar libremente estos derechos y constituirán comités de soldados y de policías con los mismos derechos que el resto de los trabajadores. 

3.5 Prohibición de todas las escuchas telefónicas, de la lectura de la correspondencia postal y electrónica y de la vídeo-vigilancia, salvo las excepciones penales que atenten contra la sociedad, las cuales deberán ser consultadas y conocidas por organismos de control popular. 

3.6 Prohibición, disolución y desarme de todas las organizaciones fascistas, racistas y xenófobas. 

3.7 Liberación de todos los presos políticos del movimiento obrero y de los movimientos democráticos. 

3.8 Política penitenciaria basada en la reinserción social, y la reeducación según el delito, a través de la intervención psico-social y del trabajo productivo remunerado. 

3.9 Cierre de todos los Centros de Internamiento para Extranjeros. 

3.10 Derogación de las leyes encaminadas a la criminalización y represión de los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles y democráticos. 

3.11 Depuración de todos los cuerpos de seguridad de elementos fascistas y represores. Juicio público a todos los oficiales, cargos públicos, jueces y fiscales responsables de participar, tolerar o encubrir casos de torturas y malos tratos a los detenidos. 

3.12 Juicio público a los represores y torturadores procedentes del anterior régimen fascista. Derogación de la ley de Amnistía. 

3.13 Disolución de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil. 

3.14 Iniciar una transformación del lenguaje y procedimientos legales y jurídicos para que sean accesibles para todas las personas que hayan completado la educación elemental. 

3.15 Eliminación de la seguridad privada a todos los niveles. 

4. Sobre los aparatos ideológicos. 

Si los aparatos represivos son fundamentales para el mantenimiento de un sistema opresor, no menos fundamentales son los aparatos ideológicos con los que se dota para la reproducción de las relaciones sociales. Así mantiene España la religión católica como ideología del Estado, con subvenciones multimillonarias, por su fomento de la sumisión, del sufrimiento, del sentimiento de culpa y del castigo, proclamando como solución a los problemas terrenales, una vida paradisíaca tras la muerte. También mantiene una educación basada en la organización capitalista de la sociedad, encasillando a sus miembros en papeles sociales predeterminados según la clase a la que se pertenezca. Y mantiene fuera del alcance de los trabajadores los medios de comunicación, que además de ser un gran negocio, son la forma de expansión de las ideas y de la cultura de la burguesía. Todo esto también necesita de un cambio democrático, que puede orientarse con las siguientes propuestas: 

4.1 Total separación de la Iglesia del Estado. Eliminación de cualquier subvención y/ o privilegio a cualquier iglesia o confesión religiosa, al igual que a toda organización, escuela o asociación ligada a ellas. Denuncia de los concordatos o acuerdos con la iglesia católica u otras. Devolución de bienes artísticos e inmuebles sustraídos a la sociedad, que son Patrimonio Nacional. Aplicación a la Iglesia de la Ley de Protección de Datos. Derecho de apostasía gratuito e inmediato. 

4.2 Acceso de partidos, sindicatos y asociaciones populares al servicio público de imprenta estatal, de comunidad o municipal, donde la producción de documentos será contabilizada con las mismas reglas para todos, y que, a la vez, garantizará la igualdad de tratamiento en campañas electorales. 

4.3 Asegurar cadenas públicas televisivas y de radio estatales, de comunidad y locales que sirvan como expresión democrática y libre de partidos, sindicatos, movimientos, asociaciones, sin desigualdad ni censura previa (con la excepción de manifestaciones ideológicas belicistas y desigualitarias, como fascismo, racismo, xenofobia, sexismo, etc.), bajo el control e inspección de estas organizaciones, las administraciones y los trabajadores. 

4.4 Creación de un servicio público de Internet, con implicación estatal, de comunidad y local, gratuito y accesible para todos, con tratamiento como medio de comunicación fundamental. Asegurar una vigilancia de la red evitando y denunciando la mala utilización de la misma (estafas, prostitución, pederastia, etc.). 

4.5 Expropiación de todos los medios de prensa cuya propiedad resida en la banca o en las grandes empresas multinacionales y cesión de sus instalaciones a las plantillas de trabajadores de dichos medios. 

4.6 Fomento de medios de comunicación comunitarios en donde haya una amplia participación popular.