Toda empresa, sea una gigantesca corporación, sea grande, sea mediana o sea pequeña, necesita en este régimen capitalista, especialmente en época de crisis, ajustar sus plantillas a las exigencias de la rentabilidad del capital. Para ello disponen de una enorme cantidad de formas y herramientas que les facilita los despidos masivos de trabajadores. A lo largo de estas décadas cada reforma laboral ha abaratado y facilitados los despidos favoreciendo a los empresarios capitalistas. Ha puesto en sus manos numerosos mecanismos legales exigidos por las propias empresas.

Pero cuando, aún así, no les resulta suficiente, llegan a utilizarlos contrariamente a su propia legalidad. La resistencia heroica de los trabajadores alzados contra la desgracia del despido permite destapar esa ilegalidad y busca amparo en una justicia que posee una aureola de aparente imparcialidad. Una justicia que, de una u otra forma, más temprano o más tarde, termina respondiendo a la presión, los intereses y el poder económico de estos empresarios capitalistas, especialmente de los más grandes. Un cambio de juez y una reinterpretación de la evidente sentencia llevan a abrir la puerta para que el gran capital al final se “salga con la suya”.

Y, además, se lanza con absoluta rabia contra los “osados” trabajadores resistentes utilizando las fuerzas de seguridad del Estado y, de la misma forma, a esa “imparcial” justicia con el fin de dar ejemplo a todos los demás.

Muchos obreros y muchas obreras verán en ello la descripción de su conflicto, pero estamos hablando del caso de la gran multinacional Coca-Cola y las y los trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada.

El compañero José Manuel Galán está sufriendo, junto con sus compañeras y compañeros, toda la dureza de la agresividad de una multinacional que busca el cierre de la mencionada fábrica. Que durante el intento de aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo para despedir o recolocar a toda la plantilla desmontó parte de la línea de producción. Que lo hizo cuando ya había una sentencia judicial por la que debía readmitir en los mismos puestos de trabajo a las y los obreros despedidos. Que la multinacional y el gobierno lanzaron a las fuerzas de seguridad del Estado no para defender la aplicación de la sentencia y proteger que se pudiera realizar evitando el desmantelamiento de la fábrica, sino para proteger tanto ese desmantelamiento contrario a la sentencia como la propiedad privada de Coca-Cola. Y, como consecuencia, se produjo la brutal detención del compañero.

Ahora, la policía necesita de la presentación de un montaje para tratar de ocultar el verdadero carácter de su intervención: la protección de los intereses de esta gran corporación en particular y de todos los empresarios y banqueros en general.

Desde el Partido del Trabajo Democrático queremos enviar, como venimos haciendo, todo nuestro apoyo a las y los trabajadores de Coca-Cola y al compañero José Manuel Galán. Exigimos su absolución de todas estas acusaciones que se han mostrado absolutamente falsas.

El caso de Coca-Cola evidencia que todo el Estado, desde el gobierno hasta el poder judicial pasando por la fuerzas de seguridad, se encuentra al servicio de los intereses de los empresarios y banqueros. Así, pues, tarde o temprano, rompe la resistencia sindical y todos los logros que a lo largo de la historia ha logrado este movimiento sindical y la lucha democrática parlamentaria. Es por ello, llamamos a las y los trabajadores de Coca-Cola y a toda la clase obrera a organizarse políticamente para lograr un cambio político real que ponga la democracia en las manos de la clase obrera para sustituir el régimen capitalista por otro que sirva realmente a los intereses de la mayoría popular y trabajadora.