El PP ha sido hasta ahora el representante más fiel de la España más reaccionaria y atrasada, aquella que se funde con los sectores económicos más vinculados al ladrillo y al capital bancario e inmobiliario.
El escandaloso nivel de corrupción del PP hunde sus raíces en la naturaleza de esta facción del capitalismo español. El PP representa a aquel sector de la burguesía española cuyo negocio principal es meter mano en los fondos públicos. Aquella que promociona a sus propios dirigentes políticos para que se instalen en el corazón del Estado y lo saqueen mediante contratos públicos, legislación a la carta y pelotazos.
Aunque ha aportado su granito de arena, no ha sido ni la movilización social ni la presión de las capas populares el principal factor a la hora de sacar del gobierno al PP, sino que ha sido el estallido de los numerosos escándalos de corrupción lo que ha colmado el vaso, lo que ha hecho insostenible seguir manteniendo al PP, al haberse convertido este en un peligro incluso para el propio régimen.
A una corrupción que debilita no sólo la imagen pública del gobierno, sino también las instituciones del estado, hay que sumarle:
- Las disputas y alianzas entre las diferentes facciones del Régimen del 78, incluidas la oligarquía española y el empresariado vasco y catalán (burguesías periféricas), sobre cómo resolver el reparto del presupuesto del Estado entre las diferentes regiones. Las respuestas del PP ante esta situación han sido la represión y la guerra de banderas con su contraparte catalana (igualmente salpicada de escándalos de corrupción y habiendo aplicado también políticas de austeridad contra el pueblo).
- El empeoramiento de la vida de los trabajadores como consecuencia de las sucesivas reformas económicas llevadas a cabo por el PP, puesto que su fin no era otro que el de levantar la rentabilidad y los beneficios del capital español. Estas reformas ni siquiera han sido capaces de resolver los problemas de crecimiento económico, que sigue siendo anémico e inestable, mientras sobrevuela la sombra de una reentrada en recesión sobre toda la economía europea. Porque el objetivo era mejorar la posición competitiva de las empresas afincadas en España, haciendo recaer las consecuencias de la crisis y la recuperación sobre la población trabajadora.
La combinación de estos factores han ido llenado el vaso. El PP realizó reformas muy agresivas a favor del capital en su primera legislatura, pero esto se paralizó a partir de las elecciones de 2016, con la irrupción de las fuerzas de la llamada Nueva Política. La capacidad del gobierno para actuar quedó estancada y junto a esta situación de estancamiento institucional, el cáncer de la corrupción ha ido avanzando, saltando a los tribunales y a la opinión pública.
Podría parecer que el recambio lógico es Ciudadanos, pero las posiciones de este partido en materia territorial chocan con las de las burguesías periféricas que quieren ampliar sus competencias autonómicas dentro del Estado. En este sentido, un gobierno de Ciudadanos habría desestabilizado aún más los equilibrios dentro del Régimen.
¿Un gobierno Blair a la española?
Analicemos el contexto en el que llega el nuevo gobierno del PSOE.
Su base de apoyo parlamentario es enormemente endeble, es una coalición de fuerzas anti-PP y anti-Ciudadanos, que no tiene unidad de programa y que además tiene serias discrepancias en varias materias clave.
- Por un lado estaría el partido de gobierno, el PSOE, que desde el final de la dictadura franquista ha sido un eficiente gestor tanto de los intereses de los megamillonarios y el gran capital, como de las tensiones entre los distintos sectores del Régimen del 78, como es el caso que ya hemos descrito de las burguesías periféricas.
- Por otro lado, tendríamos a los partidos de la oligarquía vasca (PNV) y de la burguesía catalana (PdCat), cada uno con su propia agenda, características propias e intereses de base nacional diferenciados entre sí, pues no debemos pensar que catalanes y vascos forman un bloque homogéneo. Más allá de los discursos de cara a la galería, no quieren una ruptura, sino que buscan un reparto más favorable de los recursos generados por la economía de sus regiones. Contentar a estos partidos puede, en primer lugar, poner en peligro los mecanismos básicos de solidaridad entre territorios y de solidaridad de clase, como la caja única de la seguridad social, y en segundo lugar, reforzar el dumping fiscal entre las regiones más ricas y pobres.
- Por último la coalición de fuerzas aglutinadas en torno a Podemos e Izquierda Unida, que expresa principalmente los intereses de los pequeños empresarios de las capas populares, coloca su proyecto político en la subvención y apoyo a esta capa de la población para evitar su ruina y, por tanto, su proletarización1, abandonando así la opción de la intervención del Estado para proteger la economía y, consecuentemente, garantizar el empleo de calidad, algo que realmente chocaría con los intereses de las grandes empresas.
El nuevo gobierno tiene un margen muy estrecho de actuación. Más allá de que tenga que gobernar, en el primer año, con los presupuestos diseñados por el PP, no hay que olvidar que el PSOE es un partido que apoya las políticas de austeridad y el pacto de estabilidad de la Unión Europea, y que no pone en cuestión el núcleo neoliberal de la construcción europea al servicio de las multinacionales. Todo esto le impide acometer políticas de calado que permitan intervenir a fondo en la economía.
Sin embargo, muy previsiblemente el PSOE sí estará en condiciones de hacer algunas concesiones en materia de política simbólica hacia la izquierda, siempre y cuando estas no pongan en cuestión ni el núcleo fundamental de las políticas neoliberales, ni el dominio del gran capital sobre la economía y la sociedad. Nos referimos a todo lo que tiene que ver con derechos civiles (Ley Mordaza) y legislación en materia de igualdad formal entre hombres y mujeres.
En materia de política laboral el PSOE sí podría, si tuviese voluntad para ello, derogar algunos aspectos clave de la última reforma laboral del PP. Principalmente los relativos a la facilitación del despido y otras medidas de flexibilidad laboral que han afectado muy negativamente a los trabajadores causando incertidumbre y pérdida salarial. Pero también aquellos otros aspectos que afectan a los poderes de los empresarios y sindicatos en la negociación colectiva, con vistas a recuperar la primacía de los convenios de sector sobre los de empresa.
Se abre también la posibilidad de rebajar la tensión con las burguesías periféricas haciéndoles concesiones -especialmente a la catalana- y dar así carpetazo a la guerra de banderas. Pero hay que ver a cambio de qué, y cómo afecta esto a la clase trabajadora en su conjunto.
En definitiva, todo apunta a que el nuevo gobierno hará una política de gestos simbólicos hacia la izquierda, pero manteniendo el núcleo de las políticas de la derecha, eso sí, con menor agresividad que el PP. Es la forma habitual de operar del PSOE, en línea con la Tercera Vía de Tony Blair.
¿Qué exigir al nuevo gobierno?
Hechos, no palabras, es lo que debemos exigir al PSOE.
Para este año
Hay necesidades urgentes que pueden ser abordadas por el nuevo gobierno desde este mismo año (y a coste cero) de cara a mejorar la situación de los trabajadores:
- Derogar la Ley Mordaza para impedir que se aplique como mecanismo de represión política e ideológica ante expresiones de contestación social. Dar instrucciones a la Fiscalía del Estado de no ser proactiva en la persecución de algunos tipos penales relacionados con las libertades civiles.
- En materia de legislación laboral, podría cambiar algunos aspectos de la reforma laboral de cara a reducir la incertidumbre en la vida laboral de los trabajadores, reequilibrar el poder de los sindicatos en la negociación colectiva y en los EREs, recuperar la primacía de los convenios de sector frente a los de empresa y la ultraactividad de los convenios cuando finaliza su período de vigencia.
- Frenar o paralizar el desmantelamiento de algunos servicios públicos y algunas empresas públicas (como Correos), simplemente diciéndole a los nuevos gerentes que dejen de aplicar los planes de los anteriores responsables y que comiencen a implementar nuevos planes cuyos ejes principales sean la calidad del servicio y la del empleo.
Para el año siguiente y en adelante
Además, si el nuevo gobierno quiere demostrar en la práctica que sí tiene voluntad de cambiar la situación política, económica y social que estamos sufriendo, podría tomar iniciativas como las siguientes a partir del próximo año, con sus propios presupuestos:
- Establecer un mecanismo automático de revalorización de los salarios al IPC y al crecimiento económico en la misma proporción. Elevar el salario mínimo un 5% en 5 años, cifra mínima para volver al poder adquisitivo pre-crisis.
- Rebajar la jornada laboral máxima semanal y las horas extra legales, sin reducción de salario.
- Reforzar la inspección de trabajo con más recursos y poderes para actuar eficazmente contra el fraude en la contratación y contra la precariedad.
- Abordar la creación de un Nuevo Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras que rompa con la lógica neoliberal de desrregulación y de pérdida de derechos que se ha ido fortaleciendo mediante las sucesivas reformas laborales.
- Desarrollar una política de intervención en las grandes empresas y de nacionalización de sectores estratégicos, de cara a impulsar una política industrial soberana y a favor de la clase trabajadora.
- Abrir un frente en la Unión Europea para reformar los tratados, eliminando los artículos 101 a 109 de TFUE, que impiden que el Estado apoye a empresas de interés social, así como todos los artículos sobre liberalización de servicios.
¿Tomará el PSOE esta orientación política? En el PTD creemos que no.
El hecho de que esas políticas se pongan en marcha o no, dependerá de la presión popular y de la clase obrera organizada. Saludemos las mejoras que pueda hacer el nuevo gobierno, pero mantengamos a la vez la vigilancia y sobre todo el trabajo político y organizativo que refuerza a la clase trabajadora.
Nota final: Dos asuntos en los que hay que extremar la vigilancia
Descarbonización e industria
El acuerdo alcanzado entre los gobiernos europeos, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para fijar una cuota de renovables del 32% en el mix energético de la UE para el 2030, puede poner en peligro la economía de aquellas regiones donde son importantes la industria pesada y la minería del carbón. Como viene siendo habitual, las instituciones europeas establecen un marco regulatorio y luego fían a la dinámica del mercado el que la estructura económica se adapte a ese nuevo marco. Esa es la lógica que parece que están aplicando también en este caso.
La posición ante esta situación no tiene ningún misterio: no se puede aceptar ninguna política de «descarbonización» sin un plan concreto, viable y dotado de recursos suficientes, que asegure que la actividad industrial va a continuar y que el empleo se va a preservar.
Lo que hay sobre la mesa en este momento ni es concreto, ni está dotado de recursos suficientes, ni asegura la actividad industrial, ni garantiza el empleo. Y por supuesto, tampoco parece viable.
Impulso del Movimiento Obrero y Sindical
El PSOE ha sido bastante eficaz a la hora de introducir entre los trabajadores ideas conciliadoras sobre la relación entre patronos y obreros, así como sobre la posibilidad de templar las constantes tensiones entre estos. Es un partido que conoce la psicología de los trabajadores y sabe tener un discurso para esta clase social, aunque luego en lo estratégico y esencial se ponga del lado de la patronal y los millonarios.
Debido a esto, es preocupante la posibilidad de que las corrientes más conservadoras del Movimiento Obrero y Sindical puedan ganar peso e influencia dentro de este, paralizándose así la tendencia positiva en CCOO a la movilización y a adoptar una postura más crítica con la lógica neoliberal dentro de las empresas. Esto, unido a un efecto de arrastre hacia la derecha por parte de una UGT con gran influencia del PSOE entre sus filas y además en coordinación con el partido en el gobierno, puede meter a los sindicatos en el congelador.
Es extremadamente importante que esto no se produzca. Como decía el sindicalista norteamericano Sam Gindin: “No podemos ir a ninguna parte sin un movimiento obrero vibrante y el movimiento obrero también necesita una izquierda vibrante”.
- La proletarización se refiere al proceso social mediante el que personas autoempleadas o empleadoras (e incluso desempleadas que no necesitaban trabajar) pasan a ser mano de obra asalariada por parte de un empleador. Para la teoría marxista, la proletarización ha sido una de las formas más importantes de movilidad social descendente.
