Los abusos por parte de la jefatura de Correos parecen no tener límites. La ruta hacia la privatización es una realidad incontestable y que se percibe con cada vez mayor intensidad. Cualquiera que trabaje en esta empresa puede sentir cómo las inclinaciones de la directiva hacia la paquetería y el e-commerce priman sobre el enfoque público y la actividad relacionada con el adecuado cumplimiento del SPU.

¿Afecta ésto a nuestras condiciones laborales? Sin duda alguna. Ante la imagen de empresa “renovada”, futurista, dinámica y saludable, se alza una verdad bien distinta: Correos a pesar de ser la empresa pública más grande del país funciona de la forma más vil y latiguera que podamos imaginar.

Así lo demuestran el atroz aumento de las enfermedades profesionales, las insoportables cargas de trabajo, una bajísima tasa de contratación (unida a la expulsión de muchísimos eventuales de las bolsas de empleo), los despidos por enfermedad y sí, también sanciones económicas por ir al wc ante una hemorragia. ¿Quiénes se creen para “multarnos” por atender nuestras necesidades más básicas?

Esta presión constante de la Jefatura nos la trasladan diariamente los mandos intermedios. Su perfil cada vez más abundante ya lo conocemos: Gente mandatada para ejercer un control sistemático y mantenernos en una tensión permanente. Para colmo, el poco “saber hacer” de muchos de ellos genera una desorganización constante en el trabajo que desestabiliza el correcto desempeño del mismo. Así pues, las y los trabajadores estamos más fatigados, estresados y, en muchos casos, intimidados ante estos mandos intermedios que actúan como si el centro de trabajo (y todo lo que hay dentro incluído nosotras y nosotros) fuese suyo.

Casos como el de la compañera María (trabajadora del CTA) son ejemplos de lo que decimos. Jefes que buscan “ajustar cuentas” por algún motivo o imponer una “ley del miedo” incapaces de generar respeto mediante su trabajo, amparados por una Directiva que fomenta estas actitudes para favorecer la sobreexplotación y la sumisión de la plantilla. Ante esta realidad, es justo exigir que las sanciones pasen por el Comité de Empresa y la representación sindical tenga capacidad de veto sobre la misma. Así limitaríamos las acciones arbitrarias de una jefatura especialista en maltratar a la plantilla.

Lo que vivimos a diario en el trabajo no se explica únicamente por el comportamiento intimidatorio y prepotente de estos mandos intermedios. La búsqueda por exprimir al máximo la capacidad de trabajo de la plantilla se encuentra directamente relacionada con el rumbo tomado desde hace años por el Grupo Correos, donde la competitividad y el aumento de los beneficios son los ejes empresariales. Y para ello están acabando con los derechos laborales, con la estabilidad laboral, así como con la vocación de servicio público.

La lucha de la plantilla pasa por frenar el proceso privatizador, retomando el cumplimiento del Servicio Postal Universal como actividad fundamental a partir de la recuperación de los derechos perdidos y garantizando un trabajo 100% estable.


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