En el fondo de la disputa por el reparto de los ministerios y el veto a Unidas Podemos para acceder a los ministerios de Trabajo y Hacienda está la aplicación de políticas dirigidas a la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.200 € (siguiendo el criterio de la Carta Social de la UE), la derogación de la reforma laboral de 2012, la elevación de impuestos a las rentas altas y a la banca y una rigurosa inspección de trabajo y de hacienda ante las ilegalidades que comenten las grandes y medianas empresas.
Estas medidas políticas, que favorecen a las familias trabajadoras, han disparado las alarmas del empresariado español y extranjero, cuyos intereses están puestos en el aumento de los beneficios y de la competitividad por la vía de la contención de los salarios y el empeoramiento general de las condiciones laborales.
El empresariado ha manifestado, desde la celebración de las Elecciones Generales el pasado 28 de abril, su oposición a un gobierno en el que haya cabida para Unidas Podemos. Y, ha realizado llamamientos para un gobierno del PSOE en solitario o en coalición con Ciudadanos. El sentido de esta exigencia es la aplicación de su agenda económica donde no solo están ausentes las medidas ya mencionadas sino que están muy presentes las políticas de abaratamiento del despido y precarización del empleo.
Tales exigencias se han visto plasmadas en las posiciones del PSOE y su líder, Pedro Sánchez, durante la negociación, erigiéndose como ejecutores de la patronal, al negar, primero, un gobierno de coalición a Unidas Podemos, al proponer, después, un gobierno de cooperación con personalidades independientes en lugar de ministros de Podemos y, finalmente, ante la imposibilidad de ganar los apoyos de C´s y PP para un gobierno monocolor, al colocar sobre la mesa un acuerdo de gobierno inadmisible a pesar de las cesiones de Unidas Podemos.
El punto álgido de las interferencias del empresariado español en el resultado de las elecciones ha venido con el veto a que fuera nombrado un Ministro de Trabajo de Unidas Podemos, alcanzando finalmente su objetivo con el bloqueo de las negociaciones por parte del PSOE y la posterior investidura fallida. El IBEX-35 y la CEOE quieren tener libres los ministerios para, desde allí, administrar las arcas públicas y legislar en beneficio propio con representantes políticos de su confianza.
El empresariado español no solo tiene una carta para disputar la partida sino que dispone de varias alternativas para ver cumplida su agenda económica. Dispone, sobre todo, del PP y de C´s como alternativas al PSOE en caso de repetición electoral. En este caso el dicho popular de que “la banca siempre gana” cobra vida.
El régimen “democrático” queda, de una u otra forma, ligado a las exigencias de los Florentino Pérez, Ana Patricia Botín, etc y de sus intereses. Esto evidencia que una minoría social se impone a la decisión e intereses de una mayoría que expresó su voluntad en las Elecciones Generales. Democracia solo para los empresarios e imposición para la población trabajadora.
Unidas Podemos ha forzado su estrategia por “tocar gobierno” a pesar de la debilidad del campo popular, las desconfianzas hacia el PSOE y las evidencias de la intervención de la CEOE y el IBEX-35 en la negociación para determinar el gobierno resultante. La fase final de la negociación con el PSOE tiene, previsiblemente, un consecuente desgaste electoral, amplificado por el poder mediático propiedad del empresariado. La única manera de ganarse la confianza del empresariado es aplicar su agenda económica y política, todo lo demás son ilusiones. Y quien juega con fuego se quema.
Por tanto, nuestra postura es firmar un pacto de investidura con un programa de medidas económicas, sociales y democráticas y pasar a la oposición. Desde esta posición en el Parlamento se intentaría bloquear en la medida de lo posible las tentativas de reformas que perjudiquen a las familias trabajadoras, como los 7.000 millones de € en recortes exigidos desde la UE. Y la aplicación de medidas ya consensuadas con los sindicatos y demás entidades sociales, como las ya expresadas. El apoyo o no a los Presupuestos Generales del Estado para 2020 y años sucesivos es un mecanismo para lograr que las políticas gubernamentales beneficien a la población trabajadora.
