Las elecciones para el próximo 10 de noviembre ya son un hecho. Con ello se corrobora que el PSOE y Pedro Sánchez han preferido arriesgarse a unas nuevas elecciones con la incógnita de la abstención que a formar gobierno con Unidas Podemos (UP).
A pesar del juego de negociaciones puesto sobre la mesa por el PSOE, Unidas Podemos ha caído en la trampa, movidos por la estrategia de “tocar poder a toda costa” cuando la correlación social de fuerzas anunciaba un período de retroceso, marcado por la desmovilización en la calle y el ciclo de relativo crecimiento económico. Los retrocesos desde las elecciones generales de 2016 son prueba de esto.
De esta forma, finaliza un tortuoso período de negociaciones de cara a la galería que escondían tras de sí la negativa a formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. El PSOE solo se abrió a la posibilidad de formar un gobierno de coalición ante las presiones de los sindicatos y de amplios sectores de la clase trabajadora. Su objetivo era generar un relato de no culpabilidad en el fracaso de las negociaciones o, en caso de que UP cediese terreno, relegar a los de Iglesias a una posición de segundones alejados de los ministerios con poder y corresponsabilizándoles de todos los desmanes del gobierno.
Desde el comienzo de las negociaciones, la patronal CEOE mostró inquietud sobre la posibilidad de que Unidas Podemos estuviera en el Consejo de Ministros y en ministerios de importancia, como el de Trabajo. Ha visto cumplidos sus deseos de evitar esto gracias a sus líneas de presión e influencia en el PSOE. Ahora, el empresariado español puede volver a la casilla de salida para volver a colocar sus tres grandes fichas, PSOE, PP y C´s, en el tablero y alcanzar un nuevo reparto de poder que consiga una mayoría suficiente encaminada a impulsar su agenda económica y social, que lleva bloqueada desde 2015.
Con la desaceleración económica amenazando y con una deuda pública en torno al 100% del PIB, hay poco margen de maniobra desde un punto de vista de pequeños ajustes y reformas. Es decir, difícilmente veremos un “Plan E” o medidas similares como a principios de la crisis de 2008. La maquinaria de los recortes laborales y del gasto público se activará con prontitud. Así pues, los despidos y el desempleo masivo, el retroceso salarial, la flexibilización laboral, etc., harán su aparición con rapidez, cayendo como una losa de hormigón sobre los hombros de los trabajadores.
En este punto los caminos se separan con claridad. No hay término medio a la hora de afrontar la crisis, aunque alguna fuerza política querrá situarse en ese espacio infructuoso pensando que es posible contentar a todos. Por ello, de un lado están los que abogan por mejorar la competitividad de las empresas con reformas laborales, etc., y del otro los que abogamos por proteger las condiciones laborales y económicas de los trabajadores.
Para ser responsables con las condiciones de vida de la población trabajadora es necesario actuar con diligencia y decididamente. Sin embargo, la guerra de relatos sobre quién ha sido el causante de la repetición electoral ocupará toda la campaña, tapando las propuestas políticas. Especialmente interesados en esto están los partidos que defienden la competitividad del IBEX 35 frente a la población trabajadora, pues de esta manera no se hablará de la dramática implantación de la agenda de recortes económicos y sociales que interesan a la CEOE y al IBEX 35.
El teatrillo parlamentario que hemos presenciado y que seguiremos viendo, es un espectáculo espantoso que sirve para ocultar la verdadera agenda política de los partidos de la patronal y del IBEX. También muestra su ineficacia para resolver los problemas de la población trabajadora y la urgencia de adoptar políticas encaminadas a su protección económica y laboral. En la gestión de nuestro país impera la palabrería. Para poner en marcha los mecanismos necesarios que resuelvan los problemas sociales, económicos y políticos, debemos ponerle fin y sustituir esta dinámica por otra totalmente diferente, al servicio de la mayoría social.
En lo inmediato y en las circunstancias políticas actuales, la apertura de un proceso electoral es un buen momento para que la clase trabajadora ponga en marcha su capacidad de presión política para que se adopten las medidas que esta necesita. Ante la desaceleración económica y la anunciada recesión se debe poner en marcha un programa de medidas urgentes para la protección económica y laboral de los trabajadores y preparar un plan para mantener en funcionamiento las empresas estratégicas de nuestro país en base a su nacionalización total o parcial. Para que esto sea posible es necesario un fuerte impulso del movimiento obrero y sindical para ganarle el pulso a la agenda de la CEOE y el IBEX 35.
