Ante la sentencia condenatoria con penas de cárcel de entre 9 y 13 años para los líderes del nacionalismo catalán y las protestas que ha desencadenado desde el PTD consideramos lo siguiente.
En una primera lectura de la sentencia parece que el Tribunal Supremo ha forzado la interpretación de los hechos para caracterizar como sedición actos de desobediencia. Aunque la mayoría de los condenados podrían acogerse en pocos meses a beneficios penitenciarios, la sentencia parece buscar más un escarmiento de una determinada actitud política antes que juzgar con rigor hechos delictivos. El caso se añade, por tanto, a una legislación y una jurisprudencia que pueden ser utilizadas para justificar persecuciones y condenas contra miembros del movimiento obrero y democrático en caso de que una nueva crisis económica vuelva a incrementar la conflictividad laboral y social.
La sentencia reaviva el conflicto nacionalista, cada vez más reconducido hacia la liberación de los presos, una vez fracasada la vía unilateral del nacionalismo catalán. Todo ello atrae el foco de atención en un momento en el que el riesgo cada vez mayor de recesión económica genera un clima más favorable a la aplicación de nuevos ajustes contra las condiciones de trabajo y las conquistas sociales. Si el problema catalán vuelve a ser prioritario en el debate electoral y político, nuevamente eclipsará los problemas económicos y sociales que afectan a la clase trabajadora de todas las regiones y nacionalidades de España.
La solución al problema del encaje territorial de Cataluña en España no podrá alcanzarse mediante la conversión de este problema político en uno judicial o de orden público. Pero tampoco ahondando en un unilateralismo que conduce a la división y el enfrentamiento por identidades nacionales, no sólo en España, sino dentro de la propia Cataluña. Muy al contrario, la solución pasa por normalizar la situación autonómica catalana promoviendo un acuerdo de convivencia contando con amplios sectores populares en Cataluña y el resto de España, por encima de identidades nacionales y que podría abarcar desde medidas de gracia para los condenados hasta una nueva reforma del estatuto catalán.
El problema del encaje catalán es un aspecto del problema territorial español en general, caracterizado por un desarrollo históricamente desigual entre territorios y que ha favorecido la concentración de finanzas e industrias en torno a Barcelona, Bilbao y Madrid. La mejora de los encajes de territorios que como Cataluña tienen tensiones nacionalistas no debe realizarse a costa de la ruptura de los mecanismos de solidaridad interterritoriales ni de las conquistas sociales comunes a la clase trabajadora de todas las regiones y nacionalidades de España. Para corregir los desequilibrios territoriales es necesaria una política de nacionalizaciones de sectores estratégicos y redistribución de inversiones hacia los territorios más empobrecidos.
La lucha democrática y socialista no tendrá éxito frente a unos capitales cada vez más transnacionales y coordinados, si la clase trabajadora se divide replegándose en particularismos locales, regionales o nacionales. Los capitalistas europeos ya están coordinados mediante el entramado de legal y político que constituye la Unión Europea. Pero nuestra lucha puede volverse imparable e invencible, si las organizaciones obreras de Cataluña, España y Europa nos coordinamos bajo una estrategia común por la democracia y el socialismo.
