Los trabajadores en nuestro país afrontamos un nuevo proceso electoral en un marco general con potenciales riesgos que empiezan a ser una realidad. Nuestro partido identifica los siguientes hechos que acrecientan las dificultades para la calidad de vida y los derechos democráticos de la población trabajadora:
- Los cierres de plantas y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE´s) han aumentado en toda la geografía española, el empresariado empieza a aplicar medidas preventivas para ampliar los beneficios y la rentabilidad.
- La actual desaceleración económica es la antesala de la crisis en España y a nivel mundial debido a la sobreproducción generada desde 2014.
- La clase obrera aún no nos hemos recuperado de los efectos negativos de la crisis de 2008, con un poder adquisitivo inferior y una tasa de desempleo todavía elevada.
- La agenda económica del FMI y la CEOE contiene medidas dirigidas al aumento de la explotación y la pobreza de los trabajadores.
- La movilización obrera aún es tímida y localizada en los centros de trabajo objeto de cierres, ERE´s o con negociaciones colectivas bloqueadas por la patronal. Aún tenemos la mente en el ciclo de crecimiento y en que es posible convencer al empresario.
- Sin embargo, en estos meses la movilización popular ha puesto énfasis en un grave problema para nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos: el cambio climático.
- Frente a todo esto, el independentismo catalán y la derecha española están distrayendo la atención de estos graves problemas con el conflicto desatado, otra vez, para crecer en votos y tapar la agenda económica de la patronal.
El estallido en Cataluña
La sentencia del “procés” ha dado lugar a una importante respuesta. Ha adquirido una gran escala y transversalidad tras los disturbios y la represión. Ha arrastrado a importantes sectores de la población, que abogan por una solución dialogada, en el lado del nacionalismo catalán y ha arrastrado a otras partes de esta, especialmente del resto del Estado, en el lado del nacionalismo español.
Es necesario apoyar a las fuerzas políticas y sectores democráticos dispuestos a dar una solución pacífica del conflicto catalán mediante el diálogo entre Madrid y Barcelona, la cual es negada por la derecha española y un sector del independentismo encabezado por el PdCat.
La clase obrera necesitamos una solución dialogada para que el foco de atención en la decisión del voto y el programa de gobierno se coloque en la agenda económica para los trabajadores ante la recesión.
El programa de austeridad del empresariado para los trabajadores
La economía sale de un período de crecimiento débil habiendo producido más de lo que la población puede consumir. La pérdida de poder adquisitivo y los empleos precarios son los factores que han dificultado el consumo de los hogares, mientras que la competencia capitalista por controlar el mercado es la que ha provocado el exceso de producción, en primer lugar, y ha azuzado la guerra comercial, en segundo lugar.
La mayor cercanía del estallido de una nueva Gran Recesión hace que el plan del FMI, a adoptar por el gobierno salido de estas elecciones, se coloque en el centro de atención. Dicho plan busca la reducción de costes y la ampliación de beneficios de las empresas y los bancos para afrontar las consecuencias de la crisis, recayendo los efectos negativos sobre la clase obrera:
- Una nueva reforma laboral para el abaratamiento del despido y la flexibilidad laboral, que facilitarán aún más los despidos masivos, la precariedad y los cierres de empresas.
- La vuelta a la austeridad en los servicios públicos para alcanzar los objetivos de la UE en cuanto a deuda pública, que se verá agudizada con el descenso de los ingresos por la recesión y por las rebajas de impuestos a las rentas más altas y a las sociedades.
- La exigencia a los bancos del aprovisionamiento de fondos para evitar sus quiebras, como en la crisis 2008. En un marco de tipos de interés negativos las entidades recurren al cobro de comisiones, lo que redundará en mayores cargas económicas para los hogares obreros, ya de por sí en dificultades.
Las políticas de austeridad aplicadas desde 2010 no han funcionado; solo han servido para que los empresarios perdieran menos y los trabajadores más. Los estímulos aplicados por el BCE tan solo han pospuesto el estallido de la nueva crisis económica, cuyos síntomas ya estaban presentes desde 2016. Y las propuestas basadas en mejorar la demanda interna resultan insuficientes si no van acompañadas de la participación estatal en las principales empresas estratégicas para mantener la producción y progresar tecnológicamente.
El papel de cada partido que se presenta a las elecciones
Ante la preferencia del PSOE de convocar unas nuevas elecciones en lugar de alcanzar un acuerdo de coalición de gobierno con Unidas Podemos, la derecha española tiene una nueva oportunidad para ganar las elecciones y formar gobierno.
El Partido Popular (PP) ha recuperado la referencialidad del sector más conservador del empresariado español con el fin de concentrar voto. Por el contrario, parece que Ciudadanos (C´s) ha perdido el favor del Ibex-35, y la consecuente protección mediática, por no haber accedido a la investidura de Pedro Sánchez y a colaborar con el gobierno del PSOE. Para el empresariado, la aplicación de su agenda económica está por encima de todo.
Vox, como expresión más reaccionaria de la mediana y pequeña burguesía, oculta su programa económico para favorecer a estas capas sociales en detrimento de la clase obrera tras una máscara de ultranacionalismo, odio contra la inmigración y confrontación con el feminismo. Esta expresión ultraderechista del capitalismo parece convertirse en una alternativa para la burguesía cuando sus demás partidos fracasan, en la aplicación de la agenda económica y en el control de una clase obrera empobrecida.
Un gobierno de PP, C´s y Vox supondría que materialicen su verdadero lema: “el dinero está mejor en el bolsillo de los empresarios”. Sus agendas económicas se fundamentan en: rebajas fiscales a las rentas más altas y a las empresas, con el consiguiente recorte en servicios públicos y a los trabajadores y la apertura del sector al negocio de las empresas privadas; y la desregularización del mercado laboral, provocando el empobrecimiento de la clase obrera, como ocurriría con el contrato único de C´s en el que la indemnización por despido se iguala a la baja.
Para el PSOE el mercado debe regular, principalmente, las relaciones laborales, la creación y destrucción de empleo, el desarrollo económico, etc., con una apariencia social frente a los atropellos más lesivos. Esto queda expresado en sus políticas dirigidas a subvencionar con dinero público a las empresas privadas y en la oposición expresa a la política de nacionalizaciones. Deja a los trabajadores a merced del mercado capitalista, como sucedió en 2008, a pesar de las promesas y los compromisos.
Este discurso influye predominantemente en los sindicatos, para atenazar la acción sindical frente a los atropellos de los empresarios, sin disponer de otras alternativas estratégicas para luchar por el progreso de las condiciones de vida de los trabajadores.
Además, el PSOE ha pospuesto sin fecha la derogación de la reforma laboral de 2012, haciendo sólo mención en período electoral y reduciéndose a determinados aspectos. Desde su gobierno, ha propuesto la implantación de la Mochila Austriaca, cuyo efecto es el abaratamiento del despido.
Así pues, muestra que su política laboral es palabrería, para mantener el voto de los trabajadores, mientras protege los intereses del Ibex-35 y la CEOE con políticas liberales. Esto genera serias desconfianzas y la necesidad de ejercer un férreo control a un hipotético gobierno monocolor o encabezado por los “socialistas”.
Unidas Podemos puede ser la única fuerza política capaz, actualmente, de disponer de un peso determinante en el Congreso de los Diputados para impedir que el PSOE, PP y C´s apliquen de la agenda económica y laboral del FMI y la CEOE. Un ejemplo es el acuerdo en el PGE para 2019 conseguido por UP, el cual permitió aplicar unas políticas que cambiaban la tendencia existente hasta el momento. Su propuesta en materia laboral es favorable a los intereses de los trabajadores, aunque su programa económico se supedita más a medidas sociales que a establecer un nuevo modelo económico que salga de la esfera de los inversores privados. Por ello, el papel de esta fuerza política para los intereses de la clase obrera es de resistencia y bloqueo ante los efectos más negativos de la recesión.
En este nuevo proceso electoral ha surgido la candidatura Más País, con Íñigo Errejón a su cabeza. Esta candidatura no se puede entender desde la teoría de la conspiración sino como expresión de las clases medias, como pequeños empresarios, intelectuales e, incluso, asalariados altamente cualificados y funcionarios. Es la parte más conservadora salida del movimiento 15-M cuya principal apuesta de marketing político es ser un partido verde, dejando la transición ecológica y la economía en manos de los inversores privados, condicionados por sus objetivos de rentabilidad, costes y beneficios y por la desaceleración económica. Un ejemplo de ello es la Operación Chamartín que promovió su partido matriz. De este nuevo partido aún no se sabe cómo va a obrar en lo concreto en relación al programa de gobierno del PSOE y a las políticas que exige el Ibex-35.
Posicionamiento electoral
Unai Sordo, secretario general de CC.OO., advertía de la necesidad urgente de emprender reformas para proteger las condiciones de vida de los trabajadores de los efectos de la crisis económica. Compartimos el espíritu de esta exigencia.
En este sentido, desde nuestro partido situamos una serie de reformas esenciales para, en primer lugar, impedir los despidos masivos de empresas con beneficios mediante un nuevo Estatuto de los Trabajadores y, en segundo lugar, para que el Estado intervenga en la economía manteniendo en funcionamiento a las empresas estratégicas. Asimismo, las políticas económicas y sociales deben financiarse con una política fiscal cuyo peso recaiga sobre las grandes fortunas empresariales, en tanto en cuanto su riqueza procede de lo producido por la clase obrera.
Asimismo, el horizonte verde se hace incompatible con la premisa capitalista del máximo beneficio posible, la máxima rentabilidad posible y en el menor tiempo posible. Por ello, para garantizar el desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías verdes hay que apostar por el predominio de la inversión pública para desatar de la lógica del beneficio privado al cuidado de nuestro planeta y la protección de los empleos.
Los 20 millones de trabajadores tenemos la posibilidad de emplear nuestra fuerza del voto para poner nuestra agenda económica en el programa de gobierno. En un momento de miedo a la abstención no les queda más que hacer estas concesiones.
No obstante, recurrir a la táctica de presión electoral es símbolo de la debilidad que hoy día presenta el movimiento obrero. Ante un gobierno del PSOE poco fiable, a la luz de la experiencia presente y pasada, la movilización obrera, con lo sindicatos como organización de base, se hace vital para ejercer presión con el objetivo de que cumplan con las concesiones arrancadas.
La competencia entre regiones, no solo en España sino también a nivel europeo, exige que los trabajadores ampliemos nuestro ámbito de actuación para coordinar las luchas junto a obreros de otros países con el fin de evitar las deslocalizaciones y modificar los tratados que las permiten.
Una vez dicho todo esto, en lo inmediato, para cumplir con nuestros intereses de clase, hay que orientar el voto hacia la fuerza política que sea capaz de frenar las partes más agresivas de la agenda económica del Ibex-35 y de la CEOE. E, igualmente, que sea capaz de poner en marcha reformas orientadas a la protección del empleo y de las condiciones de vida de los trabajadores.
Como conclusión de este análisis desde el Partido Trabajo Democrático pedimos el voto para Unidas Podemos en esta coyuntura de resistencia.
