Ayer, día 18 de diciembre –fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Migrante, instaurado por la ONU en el año 2000 con el fin de sensibilizar acerca de los derechos de los trabajadores migrantes– circularon varias noticias en las que el racismo mostraba su estrecha vinculación con las relaciones de clase en la provincia de Jaén.
En Pozo Alcón, un trabajador de origen magrebí fallecía durante la jornada recogiendo aceitunas, y su patrón –ex concejal del Partido Popular y actual militante de Vox –abandonaba su cuerpo a las puertas de un centro de salud. En Orcera, Mamadou, jornalero, se negaba a seguir trabajando sin las medidas de seguridad apropiadas, y su patrón, en respuesta, le apuñalaba en una pierna. Los dos eran trabajadores extranjeros, y los dos trabajaban sin contrato.
Cada cierto tiempo salen a la luz noticias como estas, que reflejan las constantes vejaciones y las gravísimas situaciones a las que los patrones del campo andaluz someten a sus trabajadores, especialmente a aquellos de origen extranjero. Sin ir más lejos, hace unos meses eran las trabajadoras de la fresa de Huelva, mayoritariamente de origen marroquí, las que denunciaban que sus lamentables condiciones laborales estaban además acompañadas de todo tipo de abusos sexuales.
No faltan ejemplos. En todos estos casos, el denominador común es la extrema vulnerabilidad de los trabajadores de origen extranjero. Sus condiciones irregulares les convierten en mano de obra barata y fácilmente chantajeable, a la medida de los mismos patrones que después votan, financian y apoyan a Vox. No es casualidad: el discurso anti-inmigración de la extrema derecha, aunque se oculta bajo una apariencia aparentemente cultural, tiene un trasfondo puramente económico.
Lejos de intentar regular o controlar la inmigración, lo que cierta parte de la clase dominante persigue con el endurecimiento de las leyes migratorias es debilitar, aislar y atemorizar aún más a los trabajadores migrantes, para poder imponer a su gusto y sin ninguna oposición condiciones de trabajo criminales propias de épocas pasadas. No es que no quieran extranjeros: es que los quieren sin papeles, precarios, desorganizados, atemorizados por un aparato represor que los persigue y deporta incansablemente, porque en esas condiciones saben que jamás levantarán la voz.
Esta situación afecta directamente al conjunto de la clase trabajadora. Los inmigrantes, en esas condiciones, constituyen una reserva de mano de obra barata y dispuesta a aceptar todo lo que el empresario imponga. Los empresarios, conscientes de ello, los utilizan para fomentar el dumping social en el seno de la clase obrera y a distintos niveles: entre trabajadores nativos y extranjeros; entre trabajadores con papeles y sin papeles; e incluso, entre trabajadores con distinto origen dentro del propio colectivo migrante.
La lógica de la competición entre trabajadores termina trasladándose inevitablemente al conjunto de la clase. Esa misma división fomentada y potenciada por los empresarios se refleja luego entre categorías dentro de la propia clase obrera autóctona: entre fijos y eventuales; entre jornada completa y jornada parcial; entre trabajadores veteranos y trabajadores jóvenes; e incluso entre hombres y mujeres. Al mantenernos separados y enfrentados entre nosotros, los empresarios crean un sistema en el que competimos para ser más rentables, en el que nuestras condiciones se ven constantemente presionadas a la baja. Todos los trabajadores –sin importar el origen, la edad, el sexo –salimos perdiendo.
El movimiento obrero siempre ha entendido que la lógica del último contra el penúltimo sólo beneficia a los de arriba, y por eso se ha enfrentado siempre a cualquier intento de dividir a la clase trabajadora. Hoy, en una sociedad atravesada por el liberalismo, esas divisiones han penetrado entre nosotros más de lo que nunca lo habían hecho. La respuesta es la misma que hemos dado durante toda la historia: organización y coordinación de la fuerza colectiva de la clase trabajadora.
El debate público suele presentarnos los dramas derivados de las migraciones de trabajadores como una cuestión humanitaria, pero no debemos olvidar que, si bien las tragedias –familias separadas en la frontera de Estados Unidos, pateras que se hunden en el Mediterráneo con centenares de personas a bordo, horribles heridas causadas por las concertinas –son la cara más visible de este fenómeno, al mismo tiempo hay una dimensión sindical y de lucha de clases mucho menos reconocida, pero mucho más extensa.
Para evitar el dumping social debemos organizar y encuadrar en los sindicatos a los trabajadores de origen extranjero: a igual trabajo, igual salario, y que nadie trabaje por debajo de convenio, en ninguna empresa. ¿Cómo podemos conseguirlo?
- Exigiendo que el Estado cumpla con sus obligaciones legales en materia de inspección de trabajo. ¡Basta de excusas! Hay que crear más plazas en la inspección de trabajo, dotarla de recursos financieros suficientes, y permitir que los sindicatos colaboren activamente en esta tarea.
- Aumentando considerablemente las penas y sanciones para los delitos contra los derechos de los trabajadores hasta niveles disuasorios.
- Exigiendo cambios legales para que los trabajadores extranjeros sin papeles que colaboren con la inspección de trabajo obtengan facilidades a la hora de conseguir el permiso de residencia y trabajo.
- Favoreciendo la organización sindical de los extranjeros. Abramos nuestras organizaciones sindicales, demos facilidades para su integración y hagamos campañas específicas entre estos sectores.
La lucha contra el racismo no es sólo una cuestión de solidaridad y tolerancia: es también una tarea urgente para los trabajadores españoles. Necesitamos quebrar la capacidad de los empresarios de presionar a la baja los derechos colectivos. Impidamos que nos arrastren a una guerra de pobres contra pobres para beneficio de los superricos. ¡Somos una sola clase obrera!
