En los últimos días el campo se está movilizando por su futuro, y tienen toda la razón del mundo.
Las organizaciones agrarias están señalando al bajo precio de los productos en origen como el principal problema que amenaza la actividad agrícola, especialmente a las pequeñas y medianas explotaciones. El precio de los productos en origen es tan bajo que no cubre siquiera los costes de producción, y los pequeños productores se van a la ruina. En contraste, en las cadenas de alimentación encontramos diferencias con respecto al precio de origen del 500%. Alguien se está haciendo rico con la ruina del campo: especuladores, grandes cadenas de distribución y la agroindustria.
Las organizaciones agrarias están reclamando medidas que equilibren la cadena de distribución, de forma que los agricultores reciban un precio justo que cubra los costes de producción. La subida de los precios a los que es posible activar el almacenamiento privado (para reducir la oferta), cambios en el sistema de ayudas (para que lleguen a los pequeños productores), y límites a la desregulación de las relaciones entre productores y comercializadores.
Algunas de estas medidas se pueden abordar ya en el ámbito español. Recientemente la UE ha aprobado una directiva para limitar las prácticas comerciales “desleales”. El Gobierno de España tiene una buena ocasión para trasponer esta directiva a la legislación española.
Otras (y esto es importante tenerlo claro para ver la magnitud del reto que tenemos por delante), requieren un cambio en las políticas estructurales de la UE con respecto a la agricultura y la ganadería. Europa tiene el sistema de producción y consumo agrícola más regulado del mundo, pero en contraste, las políticas con respecto a las relaciones entre productores y comercializadores tienden a la desregulación y a la implantación de mecanismos de libre mercado sin contrapartidas. En un sistema así, el pez grande se come al pequeño, la propiedad de la tierra tiende a la concentración en pocas manos, las economías de las comarcas y la remuneración de pequeños propietarios y trabajadores se hunden, el campo se vacía, y la actividad ganadera y agrícola entra en contradicción con la naturaleza (cuando no debería ser así).
Propuestas como las Leyes de Precios Justos, son justas y necesarias, pero entran en contradicción directa y frontal con la política de la UE con respecto al campo. Para revertir esta situación es preciso activar un contrapoder desde abajo más fuerte que el de la agroindustria y las grandes cadenas de distribución nacionales y transnacionales, y usarlo para combatir la normativa europea. ¿Están las organizaciones de pequeños y medianos agricultores y ganaderos, y de trabajadores del campo, preparadas y dispuestas para una lucha así?
Hay más posibilidades de acción. Desde el PTD, y en el marco español, creemos que el Estado puede actuar proactivamente sobre la distribución de productos del campo. A través de la SEPI se puede crear una gran distribuidora pública estatal, que compre a precio justo y opere en el mercado a gran escala. Esta distribuidora debería estar controlada por un consejo de administración democrático, donde estén representados, con poder de decisión y control, agricultores, trabajadores y la ciudadanía de las comarcas. Esto sí es posible en el marco actual de la UE, aunque no se nos debe escapar que conseguirlo también requiere una intensa lucha.
Determinados sectores de la derecha, vinculados a los grandes propietarios de tierras, han intentado sembrar cizaña a cuenta de la subida del SMI. Las propias asociaciones de agricultores han reaccionado rápidamente señalando que no está ahí el problema de fondo.
A los intentos de dividir el movimiento por el futuro del campo debemos responder con una sólida alianza social entre los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, y los trabajadores del campo.
La lucha por precios justos debe traducirse también en la mejora de las condiciones de trabajo en el campo, en la inversión en mejoras de la producción y tecnología que permitan modernizar las explotaciones sin rebajar la calidad de los productos y potenciando el equilibrio con la naturaleza, en la distribución justa del uso de la tierra de los grandes latifundios entre los trabajadores vía cooperativas, y en la regularización y mejora de las condiciones de los trabajadores de origen extranjero. A igual trabajo, igual salario e iguales condiciones.
El campo puede y debe dar para vivir dignamente a todos, agricultores, ganaderos y trabajadores españoles y extranjeros.
