Falta poco para que se agote el plazo de diez días dado por la Audiencia Nacional para que el rapero Pablo Hasél ingrese voluntariamente en prisión. 9 meses y un día es la condena que el Tribunal Supremo le impuso por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.
La reacción de movimientos sociales y democráticos no se ha hecho esperar. Especialmente sonado está siendo el manifiesto que más de 200 artistas han respaldado y en el que indican que «Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.
El movimiento de solidaridad y el clamor social por la libertad de Hasél, evidencian que hay una necesidad de llevar a cabo reformas profundas en nuestro país en lo relativo a los derechos democráticos. Tanto es así, que el propio Gobierno Central anunciaba la noche del lunes, su intención de modificar el Código Penal para que delitos relacionados con la libertad de expresión, similares al que nos ocupa, no impliquen una pena de prisión.
Actualmente, en España hay toda una serie de derechos y libertades que son reprimidos por sistema, en especial cuando éstos se cruzan con ciertas instituciones del Estado (como la Monarquía) o los cuerpos de seguridad. Mención aparte merece la criminalización y represión a la que es sometido el legítimo derecho de huelga, cuyo ejercicio ha supuesto cientos de penas y hechos despreciables, como la reciente violencia desplegada por la Ertzaintza sobre trabajadores y sindicalistas de PCB que se manifestaban contra el despido de 83 compañeros.
Desde el Partido del Trabajo Democrático, hacemos pública nuestra solidaridad con el rapero Hasél y el resto de artistas, sindicalistas y activistas de toda índole que han sido reprimidos por ejercer derechos considerados fundamentales. La realidad evidencia que mientras en la judicatura hay todo tipo de resistencias a juzgar y procesar a delincuentes públicos como altos cargos de ciertos partidos políticos y miembros del «estado profundo», o miran hacia otro lado con los escándalos asociados a la Casa Real, cuando se trata de juzgar a los de abajo, la cosa cambia y mucho, cayendo con dureza sobre nosotros todo el peso de la ley.
Quienes luchamos cada día por ampliar la democracia y el socialismo en España, consideramos que la reforma del Código Penal y la derogación de la conocida como Ley Mordaza son cuestiones que no aceptan más demora.
