- La brutal agresión por parte de dos policías fuera de servicio a un obrero de la ciudad y a su hija refleja un problema estructural de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero la respuesta social y la indignación popular no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto general.
- En Linares, y en Jaén, llueve sobre mojado: año tras año, la ciudad figura como uno de los municipios con más paro de España. La pandemia ha agravado la situación. Y a todo ello hay que sumar el traslado de la base logística militar a Córdoba, los problemas endémicos de la aceituna, el cierre de El Corte Inglés…
Las imágenes de la brutal agresión protagonizada por dos policías fuera de servicio a un obrero de la ciudad de Linares y a su hija de catorce años han despertado una oleada de indignación no sólo en el propio municipio, sino también en la provincia y fuera de ella. Esta agresión refleja la triste realidad de unos cuerpos de seguridad que aún están plagados de elementos impropios de unas fuerzas de seguridad públicas democráticas.
La impunidad con la que operan estos cuerpos ha permitido que proliferen en sus filas elementos antisociales y poco profesionales como los que han protagonizado esta agresión. Del mismo modo, ha permitido que sobrevivan y progresen, en todos los niveles y escalafones, elementos antidemocráticos y con peligrosas simpatías fascistas. Los hechos de Linares muestran, una vez más, lo urgente que es supervisar apropiadamente la labor policial, garantizar la transparencia y la correcta rendición de cuentas, y establecer mecanismos de control para reducir al mínimo posible la presencia e influencia de todos estos perfiles que suponen un peligro y una amenaza no sólo para la democracia, sino para cualquier ciudadano – como esta agresión ha demostrado.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Toda la tensión social que rodea este caso no podría entenderse sin tener en cuenta la dura realidad de Linares. Desde el cierre de la fábrica de Santana Motor, la ciudad ha sufrido una escasez endémica de empleo, que ha llevado a movilizaciones históricas como la protagonizada por los vecinos en 2017. La situación, ya de por si compleja, se ha visto aún más agravada en este último año. La pandemia ha provocado un aumento del 20% en las familias en situación de riesgo en una ciudad con una tasa de desempleo superior al 30%. Otros grandes centros de trabajo de la zona, como el Corte Inglés – 250 trabajadores –, Zara o Springfield también han cerrado a causa del coronavirus. Y, por si fuera poco, la base logistica militar que iba a instalarse en la provincia – y que contribuiría a la creación de 1.600 puestos de trabajo – ha terminado ubicándose en Córdoba.
A todo ello, además, hay que sumar la situación crítica del sector olivarero. La escasez de medios de mecanización para el campo, sumada al desequilibrio entre una producción primaria muy atomizada y una distribución dominada por grandes grupos con mucho poder de presión, y a las medidas proteccionistas adoptadas recientemente por países como Estados Unidos, provocan una situación límite en un sector estratégico para la provincia.
Por eso, desde el Partido del Trabajo Democrático, exigimos:
- Que se reconozca la amplia dimensión del problema que tienen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Que la respuesta no se reduzca a tratar esta agresión como un caso individual, y que, en consecuencia, las medidas que se tomen no se limiten al ámbito penal. Se debe tomar las medidas necesarias para que los responsables de la agresión respondan por sus actos, necesitamos un compromiso firme para la reforma eficaz de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, basada en la transparencia, la garantía del cumplimiento de los principios democráticos, y la rendición de cuentas. ¿Qué hubiese pasado de no haberse grabado de forma tan clara y evidente esta agresión?
- Que se libere de forma inmediata a todos los detenidos en las manifestaciones y protestas, y que se desista de tomar medidas legales contra estas personas.
- Que se estudien alternativas de inversión pública para resolver la grave situación social y laboral de la ciudad de Linares y de la provincia de Jaén, como parte del problema general de la denominada ‘España vaciada’. Si la avaricia de la inversión privada ha llevado al abandono de estas comarcas, es responsabilidad de la administración pública intervenir para ofrecer soluciones. El sector del aceite sería un buen punto de partida para ello. Nosotros apostamos por la creación de una distribuidora pública que corrija los desequilibrios actuales y que permita transferir beneficios a los productores, contribuyendo a la mecanización. El Grupo Mercasa, que ya es de propiedad pública, podría ser el vehículo para esta transformación capaz de generar empleo y sentar las bases para un proyecto a largo plazo para la provincia.
Linares necesita empleos, oportunidades y futuro para la juventud, no palizas.
