Lo que se está viviendo en Cádiz no es un hecho fortuito, sino el resultado de una nefasta política industrial que ha ido deteriorando nuestro tejido productivo y las condiciones laborales de miles de trabajadores. Convenios incumplidos de forma permanente, extensión de la precariedad y la temporalidad, destrucción de un sinfín de puestos de trabajo y la falta de un plan industrial a escala nacional que aseguren el presente y el futuro, son los principales ingredientes de este gravísimo conflicto.
La vida de los trabajadores del metal es cada vez más insegura. La incertidumbre se ha vuelto la tónica general, tanto para las plantillas de las grandes empresas, como para las de las auxiliares que dependen de ellas. Y, lógicamente, los trabajadores y sus organizaciones sindicales han dicho «basta».
No pueden seguir encadenando contratos por «obra y servicio», trabajar 60 horas semanales bajo amenaza de irse a la calle, ni tolerar que los convenios sean papel mojado. Se han rebelado porque ya no aguantan más, porque su vida es cada vez peor y porque en estas condiciones no hay futuro para nadie.
Desde el Partido del Trabajo Democrático, queremos expresar nuestra máxima solidaridad con los huelguistas y, por supuesto, condenamos la durísima represión que están sufriendo por protestar para mejorar sus condiciones laborales. Porque sin derechos y sin estabilidad en el trabajo, no puede haber democracia.
Consideramos que el Gobierno central tiene la responsabilidad de favorecer un acuerdo entre las partes que asegure los derechos de los trabajadores del metal, pues no hay mejor manera de proteger la industria que blindar el empleo. A su vez, se hace cada vez más urgente y así lo evidencian las movilizaciones sindicales, que nuestro país cuente con un plan industrial que garantice la estabilidad y la prosperidad, tomando la iniciativa desde el sector público.
