Para luchar contra el cambio climático (cumplir los objetivos del Acuerdo de París) será necesario hacer inversiones y movilizar recursos equivalentes al 3,5% del PIB mundial, cada año, hasta 2050, empezando desde el año pasado.

En España nos costaría el equivalente a 30.000 millones de € al año. Esto es la mitad de lo que nos gastamos anualmente en sanidad o pensiones, o el 16% de lo que vale todo el IBEX35.

La lucha contra el cambio climático, para que sea eficaz y no provoque un drama social, es un megaproyecto internacional de escala gigantesca. Tal es la dimensión del problema.

Instaurando un mercado de emisiones de CO2 (que genera burbujas especulativas y distorsiones en la producción), cobrando impuestos indirectos a los consumidores (como a la gasolina), prohibiendo o limitando el uso de ciertas tecnologías (carbón, térmicas, etc…), dando subvenciones o bonificaciones fiscales a las empresas para que usen otras tecnologías no contaminantes. También nos dicen que tenemos que cambiar nuestros hábitos individuales de consumo.

Todas estas son medidas que se basan en la regulación y la mano invisible del mercado. Pretenden modificar las reglas del mercado para que la iniciativa privada se ajuste a ellas.

Esta orientación de las políticas no solo está fracasando (el año pasado se volvió a batir el record mundial de emisiones), sino que cargan el coste del problema sobre las espaldas de la mayoría social y la clase trabajadora mediante impuestos indirectos y pone en peligro la actividad de muchas empresas de las que dependemos para ganarnos el pan.

Solo es posible movilizar los recursos necesarios para luchar contra el cambio climático si la iniciativa pública toma el control del proceso: Inversión directa masiva del Estado, compañías públicas de energía, racionalización de los transportes, el urbanismo y la ubicación de los centros de trabajo, programa masivo de inversión en I+d con fondos públicos, planificación democrática y coordinación de las empresas para que colaboren entre sí, en vez de competir.

Esto va en contra de los intereses de los propietarios (accionistas) de las grandes empresas y bancos, y de los políticos que les representan en los gobiernos. Por lo tanto va a ser necesario obligarles a hacerlo y esto solo se puede conseguir tomando en manos públicas el control de la producción de las empresas más importantes. Para esto necesitamos un fuerte contrapoder que impulse políticas que carguen el coste de la transición sobre las espaldas de los superricos.

Si hablamos de que hay que tomar medidas en la producción, y que queremos hacerlo sin que suponga un drama social y laboral, sin que lo paguemos los trabajadores y la mayoría social, es necesario crear una Gran Alianza Estratégica por el clima y el medioambiente. Y esta Alianza debe tener como fuerza fundamental al movimiento obrero y a los sindicatos.

Esta Alianza no solo permitirá luchar de forma eficaz contra el cambio climático, sino que permitirá introducir cambios en la forma en que organizamos nuestra economía que beneficiarán a la mayoría social trabajadora. Reducir la jornada laboral sin reducir los salarios, mejorar las condiciones de trabajo, ampliar los servicios públicos, democratizar la economía y tener un medio ambiente limpio. Es por tanto una alianza win-win, que nos beneficia a todos, frente a los superricos.

Además esta Alianza debe tener un carácter internacional, con los trabajadores y trabajadoras de otros países desarrollados, y es la forma de impulsar la solidaridad con la gente de los países menos desarrollados que están sufriendo directamente, a día de hoy, los efectos más dramáticos del cambio climático.